SANCIONES A SERVIDORES PÚBLICOS QUE OTORGUEN CONCESIONES DE TRANSPORTE FUERA DE LA LEY: PRD

  • Con la aprobación de la iniciativa se ejecutarán penas de prisión, multas o destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación hasta por cinco años.

Toluca, México, a 10 de agosto de 2017.- Ante el pleno del congreso mexiquense, el diputado del GPPRD, J. Eleazar Centeno Ortiz presentó su iniciativa por la que plantea la reforma a diversos artículos del Código Penal del Estado de México, a efecto de sancionar a los Servidores Públicos que otorguen concesiones se transporte, sin el cumplimiento de los requisitos legales.

Por lo anterior, J. Eleazar Centeno Ortiz con su iniciativa plantea se aumente el marco normativo para prevenir la Prestación Ilícita del Servicio Público de Transporte de Pasajeros en la Entidad, atendiendo principios democráticos que deben regir en materia penal, asimismo adoptar de mejores medidas en materia de Prestación Ilícita del Servicio Público de Transporte de Pasajeros, a fin de que las autoridades determinen el cumplimiento de las disposiciones correspondientes.

En tal tenor, el legislador del sol azteca refirió que el panorama del transporte público en el Estado, no solo es un problema de movilidad o seguridad, ya que trae consigo, problemas ambientales, problemas se salud, de estrés entre los propios usuarios, de empleo informal respecto a los choferes y problemas viales, mismos que el desarrollo de la infraestructura y el transporte colectivo de calidad, solucionarían.

J .Eleazar Centeno Ortiz asentó la necesidad de complementar el marco normativo que actualmente regula el transporte público de pasajeros en el Estado de México, a través del fortalecimiento de las políticas públicas en la materia, privilegiando la coordinación entre autoridades estatales y municipales en todas aquellas acciones gubernamentales, por lo que enunció:

<<Las empresas concesionarias, no regulan al personal a cargo de las unidades, no ofrecen capacitación ni estándares de buena operación. Además es preciso recalcar que el Estado de México presenta el mayor índice de feminicidios y de acoso sexual hacia mujeres en el transporte colectivo de pasajeros. Y a pesar de las cifras, carece de un transporte rosa amplio que corra por las principales vialidades de la Entidad>>.

Por lo expuesto, el perredista habló de los registros de robos con violencia a bordo de las unidades, mismos que aseguró, dejan detrimentos, materiales y humanos, puntualizando que la seguridad a bordo de las unidades es responsabilidad del gobierno del Estado de México, mismo que subrayó no se ha podido cubrir al transporte, con cámaras de seguridad y botones de pánico.

En tal sentido, Centeno Ortiz mencionó de indispensable fortalecer la legislación en materia de transporte público de pasajeros, toda vez que es una de las principales causas de ilícitos relacionados con este rubro en el Estado de México, puntualizando que circulan miles de unidades irregulares de transporte público, donde al no haber control sobre ellas, se expone a la población a ser víctimas de alguna conducta ilícita.

<<Es necesario tener presente que todas las empresas que ofrecen el servicio de transporte público de pasajeros son concesionarias o permisionarias, es decir, que el Gobierno del Estado de México, no cuenta con una empresa centralizada que ofrezca el servicio, de ahí la escasez del mismo, que se rige por las leyes del mercado. Es un negocio más, no un servicio que busque satisfacer las necesidades de movilidad de los usuarios mexiquenses. No es administrado por el gobierno, ni ofrece precios subsidiados, tampoco existe seguridad social para los trabajadores del transporte>>.

Por lo expuesto, y a razón de que el servidor público que de cualquier forma intervenga en el otorgamiento de una concesión, permiso o autorización, para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, sin que se cumpla con los requisitos establecidos por la ley, se le impondrá de cuatro a diez años de prisión, multa de trescientos a ochocientas unidades de medida, así como la destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación hasta por cinco años.

Dado lo anterior y tras su presentación ante el pleno, la iniciativa fue remitida a comisiones para su análisis y discusión.

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