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Al principios de año, López Obrador acusó a Vulcan Materials de extraer materiales pétreos sin los permisos vigentes y les planteó cambiar su giro comercial para el desarrollo de un complejo turístico en los terrenos de la cantera.

El 25 de mayo, el mandatario advirtió que si la firma no aceptaba la puesta en marcha del proyecto turístico en sus terrenos de Playa del Carmen, se clausurarían las instalaciones y el conflicto se tendría que dirimir en tribunales internacionales.

“Que México no adopte ninguna medida que pueda agravar o ampliar aún más las diferencias entre las partes, incluidos nuevos ataques públicos que exacerben la disputa entre las partes así como prersionar indebidamente a Calica o Legacy Vulcan”, dictó el CIADI en su recomendación sobre medidas cautelares.

De acuerdo con un monitoreo realizado por Forbes México, entre enero y septiembre de este año, el mandatario mexicano ha señalado a Vulcan Materials de diversas infracciones, entre ellas daño ambiental, en 26 ocasiones.

Las acusaciones más álgidas tuvieron lugar durante el primer cuatrimetre del año, en medio de los amparos interpuestos por grupos ambientalistas contra las obras de los Tramos 5 Norte y Sur del Tren Maya, los cuales correrán de Playa del Carmen a Tulum.

Concretamente, López Obrador acusó a Vulcan Materials de estar detrás de la agrupación ambientalista “Sélvame del Tren” que ha interpuesto diversos amparos contra las obras de infraestructura ferroviaria.

También, alertó sobre una supuesta catástrofe ecológica a consecuencia de la actividad extractiva de la compañía, actos por los que la Semarnat interpuso una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el pasado 4 de julio.

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Sin embargo, la semana pasada, el jefe del Ejecutivo federal volvió a cargar contra Vulcan Materials, antes Calica, al afirmar que es la única empresa de Estados Unidos con las que tiene diferencias por sus actividades económicas en el país.

Forbes México consultó a expertos en diferendos litigados en tribunales internacionales, quienes advirtieron que las constantes faltas al proceso que realiza López Obrador ponen en desventaja al gobierno mexicano en la resolución de esta disputa.

De igual forma, en dicha orden procesal se incluyó un reclamo adicional dentro del arbitraje internacional por parte de la firma estadounidense respecto al cierre de operaciones para la extración de materiales pétreos en la cantera de Sact-Tun que fue ordenado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el pasado 6 mayo en el predio “La Rosita”.

“Por mayoría, se permite a Legacy Vulcan presentar una reclamación secundaria sobre el cierre injustificado en México de las operaciones de extracción restantes de Legacy Vulcan conforme a un cronograma que será discutido con el demandado y el Tribunal”.

En mayo, la Profepa clausuró las operaciones de Sac-Tun, luego de que el presidente López Obrador anunció una serie de acciones legales contra Vulcan Materials Company por la extracción de minerales.

A esta, se sumó la suspensión aduanal para operar el puerto de Punta Venado el pasado 13 de mayo. Desde este lugar, el material extraído de Sac-Tun es enviado a Estados Unidos.

La Semarnat informó que tras una inspección a la planta, constató daños y deterioros graves a los ecosistemas, por lo que, con base en la legislación ambiental, se impusieron como medidas de seguridad las clausuras temporales totales de las actividades y obras realizadas en el sitio.

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La dependencia explicó que la explotación de material pétreo debajo del manto freático ha causado graves daños ambientales, como la pérdida definitiva e irrecuperable del subsuelo, alteración de la presión del acuífero, riesgo de hundimientos y fracturas del subsuelo.

La entrada a trámite de este reclamo secundario al proceso de arbitraje se suma a los reclamos presentados por la empresa desde 2018, luego que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró definitivamente las operaciones en el predio de “El Corchalito” bajo el argumento de que la empresa no respetó las áreas de extracción permitidas por la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Por este hecho, la firma pide una indemnización de alrededor de 1,500 millones de pesos, al señalar que el tribunal determinó que el predio “La Rosita” forma parte integral de las operaciones y está interconectado con los demás precios, por lo que es procedente la petición de la empresa de reclamar daños adicionales por las acciones emprendidas por el gobierno de México.

El pasado 5 de agosto, Vulcan Materials Company informó que la clausura de operaciones de su cantera en México, Sac-Tun le generará a la empresa una pérdida de entre 80 millones de dólares y 100 millones de dólares este año en caso de que no puedan retomar operaciones.