ATIENDEN ALCALDES ALERTA POR DESAPARICIÓN: KARINA LABASTIDA

Toluca, México, 17 de octubre de 2019.- Al expresar que la 60 Legislatura mexiquense trabaja en la armonización de la ley en materia de desaparición forzada y la creación de la comisión legislativa para dar atención a la Segunda Declaratoria de Alerta de Violencia de Género por ese delito, la diputada Karina Labastida Sotelo reconoció el grave problema que se padece en la entidad en esta materia, y llamó a los alcaldes de los siete municipios alertados a redoblar esfuerzos para combatir de manera frontal este fenómeno.

En la primera reunión con alcaldes de los municipios considerados en la Alerta de Género por Desaparición, encabezada por Rodrigo Espeleta Aladro, secretario de Justicia y Derechos Humanos de la entidad, Karina Labastida, presidenta de la Comisión Legislativa Especial para Combatir y Erradicar la Violencia de Género en el Estado de México, destacó que la alerta es una oportunidad para atacar a fondo el problema, y que juntos, Poder Legislativo, Ejecutivo y gobiernos municipales cumplan con las recomendaciones que recibió el Estado de México por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Como se sabe, el gobierno estatal fue notificado el pasado 1 de octubre respecto de la resolución de la Secretaría de Gobernación para declarar la citada alerta por desaparición de mujeres en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca y Valle de Chalco, en la que se argumentó la desarticulación de las acciones estatales y municipales encargadas de resolver el problema.

El Estado de México es el primero del país en contar con una doble alerta por violencia contra las mujeres; la primera, por feminicidios, fue declarada el 15 de julio del 2015, y ahora esta, dictada el 20 de septiembre pasado, por desaparición de mujeres.

Ante ello, Karina Labastida dijo que es urgente la colaboración interinstitucional de los tres niveles de gobierno, ya que las organizaciones civiles, en su solicitud de la alerta, argumentaron la grave situación de riesgos de violencia de género que se vive en suelo mexiquense desde hace varios años.

La legisladora recordó que, en su resolución, la Conavim afirmó que en el Estado de México se tiene un porcentaje de casi el doble de las mujeres desaparecidas en el país, y de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, hasta el 30 de abril del 2018 había mil 785 mujeres desaparecidas, que representan 45.8% de víctimas en la entidad.

Labastida Sotelo dijo que el plan de trabajo correspondiente, que se sustenta en cinco ejes, está previsto aprobar la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, cuyo proyecto presentó en marzo pasado ante el Pleno de la Legislatura mexiquense, en cuya elaboración han participado dependencias estatales y agrupaciones sociales.

Las acciones incluyen el fortalecimiento institucional, construcción de datos y conocimiento, capacitación y atención a víctimas, además de la observación de las 26 medidas establecidas en la declaratoria.

Labastida Sotelo expresó que se busca armonizar el marco jurídico relacionado con la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares en relación con el artículo 7 de la Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), así como diseñar una política pública con perspectiva de género y derechos humanos que atienda de manera integral la caracterización del problema público de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en la entidad, que incluya información cualitativa y cuantitativa.

La también vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de morena adelantó que el marco jurídico comprende la creación de las comisiones respectivas en los ayuntamientos y la elaboración de los reglamentos.

Resaltó que las acciones establecen la obligación de definir una suficiencia presupuestal por parte de los ayuntamientos y del Poder Legislativo, así como mecanismos de vigilancia y de evaluación, además de la revisión y actualización de los protocolos de búsqueda ALBA y ODISEA.

“La alerta es resultado de un problema grave, pero también es una oportunidad para visualizar e ir resolviendo un fenómeno largamente ignorado y ocultado por las autoridades, y esta vez al menos se tiene el concurso de todos los involucrados, de arriba abajo”, concluyó.