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CONCLUYÓ COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE CONSEJERO DEL INE ANTE DIPUTADOS

Ante el Pleno de la LXV Legislatura Fdederal, LorenzoCórdova Vianello afirmó que defenderá la soberanía e independencia del Instituto Nacional Electoral  

• Diputadas y diputados cuestionan al funcionario respecto a temas de mafias electorales, violencia política en razón de género y el uso de nuevas tecnologías

Durante la segunda ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios, las y los diputados cuestionaron al presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, respecto al manejo del presupuesto, costo de elecciones, proceso de revocación de mandato, mecanismos de auditoría, mafias electorales, y el uso de nuevas tecnologías.

Al presentarse ante la Cámara de Diputados para hablar sobre el Presupuesto del INE, Lorenzo Córdova Vianello, sostuvo que la democracia es una de las inversiones públicas más importantes que han hecho las y los mexicanos en las últimas décadas, pero también una de las que más le ha retribuido, ya que contribuye a la estabilidad económica y a la gobernabilidad democrática.

Ante diputadas y diputados en el Recinto Legislativo estableció que la posibilidad de renovar los poderes públicos en condiciones de legalidad, certeza y paz social  ha permitido transitar por tres alternancias en la Presidencia de la República, renovar al Congreso de la Unión y convertirlo en el mosaico plural que representa la diversidad y la riqueza de la nación mexicana.

Lorenzo Córdova explicó ante el pleno la solicitud de recursos que ha planteado el INE para el ejercicio 2022: 24 mil 650 millones de pesos, cifra que se compone de tres grandes rubros.

Cinco mil 821.8 millones de pesos corresponden al financiamiento público de los partidos políticos que se distribuirá, conforme las reglas que establece la Constitución mexicana, entre las siete fuerzas políticas con registro.

Un segundo rubro, agregó, corresponde al “presupuesto precautorio” de 5 mil 743.5 millones de pesos de los cuales, mil 913.1 millones de pesos, corresponden una posible Consulta Popular, que aún podría ser promovida por el Ejecutivo, por alguna de las Cámaras o por la ciudadanía y 3 mil 830. 4 millones de pesos para organizar el proceso de Revocación de Mandato si así lo decide el 3% de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal y que le corresponde a la autoridad electoral organizar a nivel federal.

“Si ello ocurre, el INE deberá organizar esos ejercicios con la misma calidad técnica y las condiciones de legalidad y certeza que caracterizan a los procesos electorales”, garantizó.

Precisó que llevar a cabo la consulta para la Revocación de Mandato es equiparable a organizar una elección federal de principio a fin “y por ello los requerimientos presupuestales son altos”.

Una reforma que promueva los grandes cambios sociales

De Morena, la diputada Esther Berenice Martínez Díaz dijo que es inaceptable que el INE se atreva a pedir presupuesto exorbitante después de las anomalías del uso de los recursos públicos. Preguntó ¿Qué acciones ha emprendido para combatir los escenarios de corrupción y abuso de funciones? y ¿cómo asegurarán el correcto manejo de los recursos para 2022? Pidió al consejero que ofrezca una disculpa pública a los pueblos originarios por ofenderlos con sus comentarios.

También de Morena, el diputado Mario Rafael Llergo Latournerie consideró que el INE debe permitir iniciar una reforma que le devuelva el compromiso con la democracia, apoye y promueva los grandes cambios sociales.

INE debe aplicar de mejor manera los recursos

La diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN) recordó que la consulta popular organizada resultó en un gasto de 528 millones de pesos que pudieron utilizarse para necesidades que tiene el país, y preguntó ¿cuál será el impacto presupuestal para el INE de organizar y ejecutar la figura de revocación de mandato?

Del mismo grupo parlamentario, el diputado Jorge Arturo Espadas Galván llamó al INE a que busque mecanismos que permitan la economía en el gasto público y aplique de mejor manera los recursos públicos. “Vamos a legislar para dotar al Instituto de instrumentos como la urna electrónica que permita abaratar el costo de las elecciones”.

Fortalecer la democracia

La diputada Laura Lorena Haro Ramírez (PRI) señaló que la democracia mexicana debe tomar el rumbo hacia los principios de eficiencia presupuestaria, austeridad y el uso de las nuevas tecnologías. Preguntó si la aplicación de celulares que se usarán cuenta con la conectividad necesaria para recabar en tiempo real la intención de las y los ciudadanos, si se ha comprobado la cobertura de la red, qué mecanismos de auditoría se tienen para evitar dobles firmas o firmas apócrifas y, de no usar la app y solo papel, cuál sería el costo.

El diputado Javier Casique Zárate, del PRI, indicó que la construcción de la democracia no pasa exclusivamente por el INE sino se construye entre todas y todos. Añadió que la discusión debe girar sobre su la autonomía constitucional, “entendiéndose como la máxima garantía de imparcialidad y confianza para elegir a nuestros gobernantes. El INE es una institución comprometida con el cumplimiento de la democracia y la participación ciudadana”.

Sistema político, comprometido con la austeridad

Roberto Antonio Rubio Montejo, diputado del PVEM, expuso que las tareas del INE requieren de una gran cantidad de recursos humanos y materiales para realizarse, los cuales deben administrarse de manera eficiente dadas las condiciones económicas y políticas actuales, ya que “las y los mexicanos queremos un régimen cada vez más democrático, que permita elegir libremente a los gobernantes y representantes, pero también que cueste menos y sea más eficaz”.

Preguntó por qué el INE calcula que el proceso de revocación de mandato costará más de tres mil 800 millones de pesos y qué puede hacer el Instituto para reducir dicho costo. Añadió que la democracia está lejos de ser ideal, “pero tenemos la aspiración de construir un sistema político de instituciones y de ciudadanos comprometidos con los valores y principios democráticos y, al mismo tiempo, con el principio de austeridad”.

El INE es una institución enferma

Por el PT, la diputada Lilia Aguilar Gil, dijo que el INE es una institución enferma, pues tiene un problema de identidad múltiple, ya que no sólo cree que tiene la atribución de organizar elecciones, sino piensa que es legislador, juez de control y hasta Ministerio Público, porque ha hecho de la persecución de partidos y personas un juego de todos los días; ante ello, cuestionó sobre qué ha hecho para detener las mafias electorales.

Afirmó que el país requiere de un INE transparente, objetivo, apegado a la legalidad, “no un bravucón de lengua floja, racista y con un grande ego”. Además, indicó que este instituto solicita 24 mil millones de pesos, un presupuesto similar al Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, el doble que la Sedatu y la Fiscalía General de la República y cuatro veces más que la Segob.

Necesario, combatir la violencia política en razón de género

La diputada Mirza Flores Gómez (MC) mencionó que a pesar de los avances en materia de paridad de género los partidos políticos siguen representando el principal obstáculo para el avance de las mujeres en la esfera pública y los órganos electorales; por ello, cuestionó al funcionario por qué siendo la violencia política una problemática creciente en el país, en el registro de personas sancionadas a cargo del INE sólo aparecen 111 casos.

Solicitó al INE que dejen de ser poesía y versos y se conviertan en acciones sustantivas las garantías respecto a las acciones que combatan la violencia política en razón de género, ya que las mujeres nadan contra corriente al buscar justicia.

Proteger la democracia y las instituciones autónomas

La diputada del PRD, Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, señaló que gracias al trabajo del INE esta Cámara de Diputados tiene paridad de género. Asimismo, pidió explicar qué beneficios tendrá para la democracia implementar el uso de nuevas tecnologías a fin de minimizar costos u optimizar tiempos en las diversas etapas electorales.

Reiteró que su grupo parlamentaria muestra su compromiso de proteger la democracia y las instituciones autónomas que están en riesgo, por lo que el respeto irrestricto a los órganos autónomos y las instituciones es innegociable; por ello, pugnarán por el presupuesto solicitado por el INE.

Defenderemos la autonomía e independencia política del INE

Al responder Córdova Vianello puntualizó que como funcionario público no tiene nada de que arrepentirse y recordó que en 2014 se le intervino ilegalmente su teléfono; se filtró ilegalmente una conversación, que por cierto “ofrecí una disculpa pública y privada a quienes pudieron haberse sentido ofendidos por esa intervención ilegal”.

Subrayó que van a defender la autonomía e independencia política del INE, incluso frente a sus detractores y principales beneficiarios. “Nosotros estamos aquí gracias a la democracia, esa es nuestra circunstancia, si no la salvamos y la defendemos, no nos vamos a salvar”.

Reiteró que el costo de la revocación de mandato es de tres mil 830 millones 448 mil 91 pesos. Respecto a la consulta popular realizada expresó que el 70 por ciento de los gastos fueron mediante licitación, está práctica genera ahorros, en este caso esos ahorros se invirtieron, 522 millones de pesos para realizar la consulta popular.

Invitó a las y los legisladores a establecer mecanismos de comunicación y coordinación formales y fluidos para que la revocación de mandato, y si hay consulta popular el próximo año, tengan éxito.

Lorenzo Córdova expuso que la revocación de mandato es un ejercicio que puede identificarse como una elección al revés y debe tener exactamente las mismas garantías que tuvo una elección constitucional de donde resultó electo un funcionario público sometido a su revocación.

La revocación de mandato, dijo, es un ejercicio que se realizaría en las 32 entidades, en los 300 distritos electorales, implicará la convocatoria a una lista nominal de ciudadanas y ciudadanos por un monto de 92.4 millones; se estima que se instalarán más de 161,400 casillas, se van a requerir contratar a 37 mil 851 capacitadores y asistentes electorales, insacular a más de 12 millones de ciudadanos, y el día de la revocación se necesitarán más de medio millón de personas de ciudadanas y ciudadanos recibiendo y contando los votos.

Mencionó que esos recursos se destinarán al pago de las dietas para las y los ciudadanos que serán funcionarios de casilla, ese día serán medio millón de personas, las medidas sanitarias, el equipamiento y acondicionamiento de las mesas, y la recolección de los paquetes electoral. Además, dijo, está el despliegue territorial, pues “hacer elecciones en México todavía implica una gran movilización de personas”.

Sugirió encontrar, junto con la Comisión de Presupuesto, los mecanismos que puedan implicar una disminución en los costos e invitó a no poner en riesgo la revocación de mandato pues es un asunto de enorme seriedad, “porque implicaría que el Presidente de la República dejará o continuará en el cargo; es un asunto de enorme delicadeza”.

En cuanto a la aplicación para la recolección de las firmas para la revocación de mandato, dijo tener confianza en ella, “pues se desarrolló desde antes 2018 y paulatinamente en cada ejercicio nos ha permitido avanzar y perfeccionarlo; es un mecanismo muy seguro tanto para la captura como para la preservación de datos personales”.

Mencionó que cada uno de los apoyos en papel va a tener que concursarse, y el INE deberá copiar y transcribir, “lo que implica tiempo y esfuerzo de las personas que se dedicarán a capturar, que deberá ser en una doble ocasión para evitar cualquier error”.

También, explicó que la instrumentación de tecnologías no es nueva, esas han acompañado la vida del Instituto Nacional Electoral como los conteos rápidos, la salvaguarda del padrón electoral, e incluso ha permitido la firma de convenios con el Gobierno Federal como la identificación de cadáveres o de personas desaparecidas.

Expuso que para atender la violencia política contra las mujeres se modificaron los procesos de fiscalización para garantizar el desarrollo y liderazgo de las mujeres, además se pidió a los candidatos en el pasado proceso electoral declarar bajo protesta de decir verdad que no habían sido condenados por algún acto de violencia contra las mujeres, familiar, y no eran deudores alimentarios, no obstante, afirmó que aún falta mucho por hacer.

Subrayó que el Instituto ha restituido a funcionarios de los Organismos Públicos Locales Electorales por no apegarse a los principios rectores de la función electoral. Asimismo, invitó a hacer las denuncias correspondientes, porque eso es lo que procede en un Estado de derecho.

OP

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