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EL ATENTADO FUE UNA DECLARACIÓN DE GUERRA

ORDENADOR POLÍTICO junio 29 de 2020

*El atentado fue una declaración de guerra
*Que el CJNG abrió contra el Estado mexicano
*Y que el gobierno federal debe enfrentar
*En lugar de su ineficaz “abrazos y no balazos”

Luis Alberto Rodríguez

Hacen bien historiadores y analistas en considerar el reciente atentado del crimen organizado bajo las siglas del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en contra del Secretario de Seguridad de la Ciudad de México, OMAR GARCÍA HARFUCH, no como una simple represalia de ese grupo por las acciones que el funcionario haya aplicado en su contra en la capital del país, sino más trascendentalmente como una verdadera DECLARACIÓN DE GUERRA de tal organización contra el Estado Mexicano en su conjunto y en especial contra el gobierno federal que encabeza el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Ya el hecho de que el atentado haya sido perpetrado en esa tradicional zona exclusiva de la ciudad de México, considerada entre las más “seguras” de la capital, donde no sólo transitaba el funcionario agredido, sino es el domicilio de connotados magnates, empresarios y personeros destacados de la clase política mexicana y además espacio de algunas dependencias gubernamentales importantes, revela la intención del grupo delictivo de demostrar su capacidad de penetrar hasta los más almenados recovecos del poder, precisamente bajo los métodos de la guerrilla, en éste ámbito urbana, que tal parece se inaugura así en el centro logístico y económico del país como lo es la CDMEX.

Y esta DECLARACIÓN DE GUERRA, que se extiende no solamente a los territorios ocupados por ese grupo delictivo, sino a otros ámbitos y territorios de la vida nacional, debe ser considerada como tal por el gobierno federal ante el fracaso evidente de su tibia política de “abrazos y no balazos” esgrimida contra el crimen organizado, que por lo visto el fin de semana no sólo no la entiende, sino actúa y actuará en formas totalmente contrarias, por demás violentas y peligrosas para la población, como lo demuestra la pérdida de la vida de una mujer mexiquense que circunstancialmente pasaba por el escenario del atentado.

Habrá que considerar que esa política gubernamental del “abrazos y no balazos” hasta ahora no ha sido aplicada indiscriminadamente a todos los grupos criminales, sino solamente a alguno en especial como lo es el llamado CARTEL DE SINALOA de quien el propio Presidente LÓPEZ OBRADOR, según informó muy recientemente, ordenó la liberación del hijo del llamado “CHAPO” GUZMÁN en recordado conflicto armado en la ciudad de Culiacán y posteriormente concedió trato especial a la madre del mismo narco en su mismo territorio.

Ese trato especial al Cartel de Sinaloa no se ha replicado con los restantes grupos delictivos y mucho menos con el de Jalisco Nueva Generación contra el que se ha desplegado gran parte de la fuerza del Estado Mexicano, reforzada por efectivos del gobierno de los Estados Unidos que considera al CJNG como uno de los principales que actúan en su territorio con venta de drogas y otras formas de delincuencia.

Más otros grupos delictivos de facto han declarado la guerra al Estado Mexicano en diversas regiones, como destacan el también poderoso  Cartel del Noreste, que mantiene asolados a varios estados del norte del país y amenaza con multiplicar en otros estados, incluida la ciudad de México, células delincuenciales bajo el esquema de su llamada “Tropa del Infierno”, integrada por jóvenes entrenados como brazo armado de esa temible organización.

Ya el hecho de que el atentado contra el encargado de la seguridad de la Ciudad de México haya  sido planeada desde por lo menos dos meses de antelación y obviamente decidido desde las altas esferas de decisión del CJNG en sus sedes del centro del país –y no solamente en la capital mexicana por el sicario apodado “La Vaca” a quien se atribuye la autoría intelectual- da evidencia de la intención de una simbólica declaración de guerra con el atentado.

Mas por lo visto dicha declaración no ha sido reconocida por el Presidente LÓPEZ OBRADOR quien al parecer mantendrá su cuestionada política de “abrazos y no balazos” en tanto ya ha sido concretada ya disminución de la efectividad del Ejército Mexicano en esa lucha no sólo al remitirlo también a tareas de seguridad pública como el control de manifestaciones y otras, como la de construcción de proyectos como el aeropuerto de Santa Lucía.

Aún con la multiplicación de hechos sangrientos que se desgranaron –con la multiplicación de los grupos delictivos- a partir de la llamada declaración de guerra que esgrimió el gobierno del presidente panista FELIPE CALDERÓN y la incursión del Ejército y la Marina Armada en esa lucha, tal estrategia tuvo y sigue teniendo su justificación en una tácita declaración del Estado Mexicano de la delincuencia organizada, en general, como un verdadero enemigo que amenaza, desde fuera y dentro del territorio nacional, a la Seguridad Nacional que las corporaciones armadas estarían obligadas a proteger y defender.

Para justificar esa defensa, algunos se remiten a las definiciones clásicas de la ciencia política al respecto, en especial a las esgrimidas por el reconocido teórico CARL SMITH, particularmente en sus “acotaciones al concepto de los político” contenidos en su muy estudiado texto sobre TEORÍA DEL PARTISANO en donde define a la declaración de guerra como una declaración de enemigo.

En efecto, las organizaciones criminales como el CJNG en México se han constituido ya como verdaderos grupos partisanos, es decir GUERRILLEROS, dotados de suficiente y sofisticado armamento cuya capacidad de fuego muchas veces supera a la del mismo Ejército mexicano, para no mencionar a las diferentes policías y a la escuálida e ineficaz Guardia Nacional creada por el régimen federal actual.

Con esa capacidad, esas organizaciones criminales y en especial el CJNG han creado cotos de influencia, verdaderos territorios ocupados, que mantienen a sangre y fuego contra otras organizaciones y desde luego contra las fuerzas del orden y las fuerzas armadas.

Si el Estado Mexicano y sus gobiernos, especialmente el federal, no asumen la condición de los cárteles de la delincuencia organizada como  verdaderos enemigos de la sociedad mexicana y en consecuencia adoptar acciones y políticas públicas contundentes contra ese extendido flagelo,  poco podrá hacerse por “garantizar” la seguridad pública y nacional y desde luego la tranquilidad de los mexicanos, en medio de presiones adicionales derivadas de la pandemia y las crisis económicas y laborales que nos presenta el futuro inmediato. Menos aún con la errónea política de “abrazos y no balazos” que intenta ser continuada. Menos aún.

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