EXHORTAN A LA FISCALÍA Y AL CONSEJO DE LA JUDICATURA A RETIRAR CAUSAS PENALES CONTRA EL ACTIVISTA JOSÉ HUMBERTUS PÉREZ ESPINOZA

Toluca, México, 24 de marzo de 2019.- Por unanimidad, la 60 Legislatura aprobó un exhorto a la Fiscalía General de Justicia (FGJEM) y al Consejo de la Judicatura del Estado de México, propuesto por el diputado Armando Bautista Gómez, coordinador parlamentario del PT, para que se retiren o sobresean las causas penales relativas al activista José Humbertus Pérez Espinoza.

El exhorto explica que Pérez Espinoza, fundador y representante del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, asociación civil dedicada a la defensa del derecho humano de segunda generación en materia de vivienda digna y decorosa, fue detenido el 4 de noviembre acusado de tres delitos de robo a casa habitación, siendo víctima de la fabricación de delitos como represalia por su lucha, además de que su esposa y su hijo enfrentan persecución y existe riesgo de que sean detenidos.

El legislador detalló que José Humbertus Pérez aseguró que varios funcionarios y ex servidores públicos federales, estatales y municipales actuaron en colusión con empresarios de la construcción y cometieron delitos de peculado y fraude genérico y específico, ya que entre 1999 y 2011 se concedieron unos 10 millones de créditos hipotecarios, los cuales fueron sobrevaluados hasta en un 40% de su valor real y se otorgaron sin que las constructoras cumplieran con los requerimientos normativos estatales para la construcción de vivienda en asentamientos urbanos.

Se solicita a la FGJEM retirar o sobreseer las causas penales 161/2018 y 372/2018 que tienen privado de la libertad al activista, así como que se revisen las dos últimas causas penales de su proceso para otorgarle la sustitución de prisión preventiva oficiosa por una o más medidas cautelares menos drásticas, como la fianza, la garantía económica y la presentación de firmas entre otras.

También se solicita al área de Responsabilidad Judicial y de la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura del Estado de México que analice las últimas causas penales que tienen en la cárcel a José Humbertus Pérez, debido a que se ha violado la presunción de inocencia, el debido proceso y el establecimiento de un juicio justo, violaciones que no han sido tomadas en cuenta por el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, tanto del fuero común como del fuero federal.

Al Consejo también se le exhorta para que analice la orden de aprehensión girada el 16 de enero de 2016 en contra del activista, cuya orden de captura viola sus derechos humanos desde su detención ilegal, ya que esa orden es por un delito diverso (robo a transporte de carga) y no por el supuesto robo a casa habitación con violencia del que se le acusa, además de que se han presentado otras irregularidades, como la ausencia en la orden de aprehensión de algunos testimonios periciales usados para vincularlo a proceso.

“Es importante destacar la ola de violencia que existe en el Estado de México y que, mientras delincuentes y homicidas están en libertad, los defensores de los derechos humanos están presos”, recriminó el diputado.

“Es muy claro que las cuatro carpetas de investigación y administrativas fabricadas en contra del activista en la defensa de los derechos humanos lo único que buscaron fue encarcelarlo para fabricarle culpas y poderlo meter por muchos años a prisión, evitando con ello que continuara con su lucha en defensa de la vivienda en México”, explicó.

Armando Bautista agradeció a su compañero legislador, el diputado Gerardo Ulloa Pérez, de morena, por el apoyo otorgado a familiares y amigos de José Humbertus Pérez,

ANALIZARÁN COMISIONES QUE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SUSPENDA VERIFICACIONES A TAXISTAS

La Comisión de Comunicaciones y Transportes analizará la propuesta de exhorto para que el secretario de Movilidad, Raymundo Martínez Carbajal, suspenda actos administrativos de visita de verificación e inspección al transporte público concesionado en la modalidad discrecional (taxi) relativo a los aspectos de la concesión.

La propuesta presentada por el diputado Javier González Zepeda, en nombre del Grupo Parlamentario del PT, indica que el servicio público de transporte en la entidad es prestado casi en su totalidad por concesionarios y que se ha creado un grave problema a la Secretaría de Movilidad por el rezago que la autoridad competente ha generado en la tramitación de prórrogas y la regulación de las gestiones para la cesión de las concesiones.

“Es inaceptable que el Estado desconozca quiénes son los verdaderos concesionarios que están otorgando el servicio público de transporte a los usuarios y que la autoridad competente actúe de forma permisiva, fomentado la irregularidad en la prestación del servicio a través de las concesiones vencidas”, indicó el legislador.

Lamentó que el concesionario erogue montos que alcanzan hasta los 429 mil pesos para los taxistas y de un millón 807 mil pesos para los camiones, gastos acumulados por adquisición de unidades y sus respectivos seguros, cámaras de viodeovigilancia, pago de cromáticas y trámites de cambio de unidad, además de los 700 pesos mensuales por el aparato de geolocalización satelital.

“No son congruentes inspecciones o verificaciones e incluso remisión de unidades vehiculares a depósitos de guardia y custodia respecto de aquellos que se encuentran operando al amparo de las concesiones vencidas, pues tal irregularidad ha surgido de la imposibilidad material de la autoridad de Movilidad para llevar a cabo los trámites oportunamente, lo que ha generado un agravio a los derechos de los concesionarios”, detalló.

Con lo anterior, agregó, se afecta el derecho de movilidad de los mexiquenses y se fomenta la ilegalidad de plataformas digitales que prestan el servicio público de transporte en la modalidad de taxis.

A la propuesta de exhorto se sumó la diputada María de Lourdes Garay Casillas, del Grupo Parlamentario del PES, ya que indicó que comparte la situación y ha sido testigo del endurecimiento de las medidas en contra del sector transportista.