FUERON POCOS Y MAL EJERCIDOS LOS RECURSOS PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS: KARINA LABASTIDA

Toluca, México, 14 de mayo de 2019.- Los recursos para atacar el problema de la desaparición de personas en México fueron pocos y mal ejercidos, lo que derivó en “una gran simulación”, afirmó la diputada Karina Labastida Sotelo, en la apertura de la Mesa de Trabajo con Colectivos de Familiares de Personas Desaparecidas, que tuvo el fin de recibir sus aportaciones y propuestas de mejora a la iniciativa que presentó a la 60 Legislatura mexiquense para crear una Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares del Estado de México.

Ante numerosos asistentes al salón Benito Juárez de la sede del Poder Legislativo, la presidenta de la Comisión Especial para Combatir y Erradicar la Violencia Vinculada a los Feminicidios en el Estado de México y dar Seguimiento a las Acciones Derivadas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, apuntó que, en 2018, para la especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas en la entidad se etiquetaron solo 261 mil 120 pesos.

Lo anterior, explicó la diputada, conforme al convenio entre el gobierno del Estado de México y el gobierno federal anterior en cuanto al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal del ejercicio Fiscal 2018 (FASP).

Agregó que al subprograma denominado Acceso a la Justicia para las Mujeres se canalizaron 643 mil 835 pesos para dotar de mobiliario y equipos de cómputo a los centros de justicia para mujeres en Toluca, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec y Amecameca, “y resulta que lo que encontramos en recientes recorridos fue justo esas carencias y deficiencias, sobre todo en la zona de Amecameca”, dijo ante su compañera legisladora Maribel Martínez Altamirano (PRI).

En otras palabras, expresó, “de un presupuesto de más de 15 millones de pesos del FASP en el 2018, al tema de las desapariciones de personas se canalizó si acaso el 1.5%, y para el acceso de las mujeres a la justicia, incluidos homicidios dolosos y feminicidios, donde la entidad registra liderazgos nada edificantes, se destinó tan sólo el 4%. El problema de la trata de personas, ni siquiera es mencionado”.

En este contexto, Labastida Sotelo detalló que para este año y con un nuevo gobierno de la república, respecto del FASP se acordaron 497 millones 135 mil 552 pesos por parte del gobierno federal y 124 millones 283 mil 888 por parte del gobierno estatal, es decir, son 621 millones 416 mil 440 pesos.

Con la presencia del titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Jorge Olvera García, y de Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, fiscal central de Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la Fiscalía General de Justicia del estado, Karina Labastida puntualizó que estos fondos tendrían que aplicarse para la integración de brigadas de búsqueda y el desarrollo de bases de datos para identificación.

Con estos recursos también tendrán que instalarse laboratorios, equipos e insumos de investigación para exhumaciones y búsqueda de campo, y para el fortalecimiento y creación de Comisiones Locales de Búsqueda, entre otras. “Sin embargo, el convenio respectivo no retrata esas exigencias y no hay nada para la especialización de personal y de instancias responsables de la búsqueda de personas, ni tampoco para el acceso de mujeres a la justicia y el combate a la trata de personas, un delito con vinculaciones en el fenómeno de la desaparición”, acotó.

Por lo anterior, enfatizó que los diputados promoverán la reorientación de las partidas presupuestales para que la ausencia de los fondos del FASP en el tema de las desapariciones no frene o limite los alcances de las actividades de las dependencias con los presupuestos ya establecidos, entre ellas la Comisión de Búsqueda de Personas, casi de reciente creación, “urgida de más fondos para desarrollar su estructura y desplegar plenamente sus acciones, igual que los entes de la Fiscalía General de Justicia y, en suma, de la misma Secretaría de Justicia y Derechos Humanos”.

Al apuntar que así, desde el Poder Legislativo “queremos evitar una nueva simulación en un tema que merece toda nuestra atención y la mejor voluntad de todos”, precisó que el objetivo del encuentro es enriquecer la iniciativa referida con las propuestas de los familiares de personas desaparecidas, con la finalidad de valorarlas y llevarlas a las reuniones de comisiones.

La legisladora de morena se dijo convencida de que la participación directa de los ciudadanos en el procedimiento de adopción de las decisiones legislativas contribuye a su aceptación social.

“Si los destinatarios de la ley son escuchados durante su elaboración, se tienen en cuenta sus demandas y aportaciones, pero además se dialoga sobre aquellas que no hayan podido ser asumidas; tendrán la disposición a considerar esa ley como una obra propia, en cuya elaboración han participado y con la que se sienten personalmente implicados, y lo que es mejor, asumirán la eficacia y la aplicación de la ley como un compromiso personal”, sentenció.