MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ

ANUNCIA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024 PARA EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

• “El acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable”, destacó la ministra presidenta  

• «El debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado ante una insuficiencia presupuestal, no implica una política de austeridad, sino nos lleva al rompimiento del Estado de Derecho»,  enfatizó.

Ciudad de México, a 28 de agosto de 2023.-  La ministra presidenta del Poder Judicial de la Federación, Norma Lucía Piña Hernández, anunció el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2024, el cual se construyó bajo los principios de eficacia, economía, transparencia y honradez, y considera los recursos necesarios para garantizar la continuidad y la impartición de justicia.

En sesión pública solemne y conjunta de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la ministra presidenta destacó que en este proyecto de presupuesto enviado para aprobación de la Cámara de Diputados se encuentra una justificación legal, razonable, racional y honesta para cada rubro de los recursos públicos a ser asignados.

“El acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable. Esto no lo digo yo, se desprende de los controles y de los límites que establece nuestra norma fundamental para que este derecho no se reduzca a una simple declaración de buenas intenciones”, explicó.

La ministra informó que, conforme a las expectativas de inflación establecidas por la Secretaría de Hacienda al cierre de este año, el PJF solicita un incremento real de 4% respecto del presupuesto aprobado para el 2023. “Los recursos solicitados”, explicó, “se traducen, aproximadamente, en el equivalente al 0.26% del Producto Interno Bruto de nuestro país”.

La propuesta fue aprobada por unanimidad de votos en cada uno de los cuerpos colegiados y considera ahorros y economías derivados de la aplicación de medidas de racionalización y austeridad.

“El ejercicio de estos recursos de los mexicanos será, siempre, atendiendo a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez a los que nos obliga —a todos los funcionarios públicos— el artículo 134 de nuestra Constitución”.

Destacó que en los últimos años la Judicatura ha visto disminuida su participación en el Presupuesto de Egresos de la Federación en comparación con otros entes públicos, pues en el periodo de 2018 a 2023, los recursos asignados en su conjunto han disminuido 15.4% en términos reales “esto no ha sido obstáculo para que la Judicatura continúe sus esfuerzos para garantizar una mejor impartición de justicia y la implementación de diversas reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión”.

En lo que respecta al TEPJF, mencionó que el proceso electoral 2023-2024 implicará la renovación de más de 20 mil puestos de elección popular “ello exige una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos que habrá de resolver el Tribunal Electoral.”

Sobre el presupuesto asignado al Consejo de la Judicatura, la ministra presidenta informó que, derivado del incremento continuo en la demanda de justicia federal de los últimos cinco años, en el 2024 se habrá de resolver 1.3 millones de casos nuevos; también se requerirá la creación de 45 órganos jurisdiccionales más para la implementación del nuevo modelo de justicia laboral.

“Los recursos solicitados por el Consejo de la Judicatura Federal también habrán de destinarse al Instituto de la Defensoría Pública que representa jurídicamente y, sobre todo de manera gratuita, a los mexicanos, la mayoría de ellos en condiciones de vulnerabilidad. La demanda ciudadana de defensores y asesores registra un crecimiento de 20% anual que habrá de atenderse a través del fortalecimiento de las atribuciones del Instituto”.

Ante los 21 funcionarios del PJF en representación de los más de 55 mil servidores públicos que integran la Judicatura en nuestro país, la ministra Piña Hernández reiteró el compromiso del PJF con México “no sólo de someter todas nuestras actuaciones al marco legal y constitucional que nos rige, sino también de hacer valer la fuerza vinculante de nuestra Constitución para así, no dar ni un paso atrás en la tutela de la dignidad de las personas”.

PALABRAS DE LA MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, PRESIDENTA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN LA SESIÓN SOLEMNE CONJUNTA DE LOS PLENOS DEL ALTO TRIBUNAL, DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Y DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Ciudad de México, 28 de agosto de 2023.

Buenas tardes, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeras y consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, funcionarios del Poder Judicial Federal. Saludos a todas y todos los que nos acompañan hoy, presencial o virtualmente, en esta sesión solemne del Poder Judicial de la Federación.

Estamos aquí reunidos quienes integramos los tres cuerpos colegiados en los que, en términos de nuestra Constitución, se deposita el ejercicio y la representación del Poder Judicial Federal del Estado Mexicano.

Acudimos a este Pleno conjunto 21 funcionarios del Poder Judicial Federal en representación de los más de 55 mil servidores públicos que integramos la judicatura en nuestro país. Agradezco su presencia.

Reitero el gran honor que implica para mi presidir el Poder Judicial Federal.

De conformidad con lo establecido en nuestra Constitución, les informo que, en estos momentos, se está presentando al Poder Ejecutivo Federal la propuesta de presupuesto del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal 2024.

Atendiendo a un ejercicio de pesos y contrapesos que prevé precisamente nuestra Constitución, esta propuesta la recibirá, para su aprobación, previa discusión, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

En un ejercicio de rendición de cuentas y diálogo con la ciudadanía, les informo que el proyecto de presupuesto que presenta el Poder Judicial Federal para el ejercicio 2024 fue aprobado por unanimidad de votos en cada uno de los cuerpos colegiados y se rige por criterios de racionalidad y transparencia. Considera ahorros y economías derivados de la aplicación de medidas de racionalización y austeridad.

Se solicitan los recursos necesarios e indispensables para garantizar la continuidad de las funciones que, en términos de la Constitución y las leyes, tenemos encomendadas los integrantes de la Judicatura. Funciones, mayoritariamente jurisdiccionales, a partir de las cuales se imparte justicia; funciones de las que depende el ejercicio de nuestros derechos y libertades, así como la relación armónica entre los entes de gobierno y los actores públicos.

Para el ejercicio fiscal del 2024, conforme a las expectativas de inflación establecidas por la Secretaría de Hacienda al cierre de este año, el Poder Judicial Federal solicita un incremento real del 4 por ciento respecto del presupuesto aprobado para el 2023. Los recursos solicitados se traducen, aproximadamente, en el equivalente al 0.26 por ciento del Producto Interno Bruto de nuestro país.

En los últimos años la Judicatura ha visto disminuida su participación en el Presupuesto de Egresos de la Federación en comparación con otros entes públicos. En el periodo de 2018 a 2023, los recursos asignados en su conjunto al Poder Judicial de la Federación han disminuido 15.4 por ciento en términos reales. Esto no ha sido obstáculo para que la Judicatura continúe sus esfuerzos para garantizar una mejor impartición de justicia y la implementación de diversas reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión.

Las funciones que habrá de desempeñar el Poder Judicial Federal el próximo año son de particular relevancia para la vida democrática y la justicia social en nuestro país.

En primer término, el proceso electoral 2023-2024 implicará la renovación de más de 20 mil puestos de elección popular. Ello exige una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos que habrá de resolver el Tribunal Electoral. Solo así, se puede garantizar que la transmisión de poder en México se dé pacíficamente y con estabilidad democrática.

En 2024, desde el Poder Judicial Federal, habremos de atender el incremento continuo en la demanda de justicia federal que se registra en los últimos cinco años. Si la tendencia en 2023 se mantiene, entonces el próximo año la Judicatura federal habrá de resolver 1.3 millones de casos nuevos. Para el próximo año, también se requerirá la creación de 45 órganos jurisdiccionales más.

Lo anterior se explica, parcialmente, por la implementación del nuevo modelo de justicia laboral. Este modelo deriva de las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión en el marco de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Mexicano en la suscripción del T-MEC.

La nueva justicia laboral tiene como propósito fundamental otorgar mayor seguridad jurídica a los trabajadores, sindicatos y patrones, contribuyendo de forma determinante a la certidumbre de nuestros socios comerciales y a la consolidación de la política económica del país.

Aunado a lo anterior, en 2024, el Consejo de la Judicatura Federal habrá de garantizar la implementación gradual del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, aprobado a mediados de este año por el Poder Legislativo.

La impartición de justicia civil y familiar de conformidad con los estándares legales y constitucionales recientemente establecidos es uno de los mayores retos que enfrenta, no sólo la justicia federal, sino también la justicia local. Este nuevo modelo tiene por objetivo modificar uno de los ámbitos de la justicia más cercano a las personas, incorporando elementos como la oralidad y los medios alternativos de solución de conflictos.

Los recursos solicitados por el Consejo de la Judicatura Federal también habrán de destinarse al Instituto de la Defensoría Pública que representa jurídicamente y, sobre todo de manera gratuita, a los mexicanos, la mayoría de ellos en condiciones de vulnerabilidad. La demanda ciudadana de defensores y asesores registra un crecimiento de 20 por ciento anual que habrá de atenderse a través del fortalecimiento de las atribuciones del Instituto.

Se dispondrán recursos para el reforzamiento de las medidas de seguridad para las personas que integramos el Poder Judicial Federal. Impartir justicia nunca puede traducirse en una afectación a nuestra integridad personal, ni a la de quienes nos rodean. La independencia judicial exige establecer las medidas y las salvaguardas necesarias para que no existan restricciones, influencias indebidas, presiones, amenazas o interferencias de ningún tipo en la actividad jurisdiccional.

Finalmente, de la operación del Tribunal Pleno y las dos Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dependerá que se continúe construyendo la doctrina constitucional indispensable para prevenir y reparar violaciones a los derechos fundamentales de las mexicanas y los mexicanos.

Este Alto Tribunal tiene, además, la encomienda constitucional de velar por que cualquier actuación de las autoridades nacionales se apegue a la máxima norma jurídica en México, nuestra Constitución, en la que está representada, entre otras cosas, la soberanía popular, el federalismo y la división de poderes.

Señoras y señores, en el proyecto de presupuesto del Poder Judicial Federal que se va a enviar para aprobación de la Cámara de Diputados, podrán ustedes encontrar una justificación legal, razonable, racional y honesta para cada rubro de los recursos públicos a ser asignados.

El ejercicio de estos recursos de los mexicanos será, siempre, atendiendo a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez a los que nos obliga —a todos los funcionarios públicos— el artículo 134 de nuestra Constitución.

México demanda un Poder Judicial fuerte, independiente y autónomo. Un Poder Judicial responsable y profesional que pueda garantizar el ejercicio de nuestros derechos, la igualdad ante la ley, la estabilidad de nuestras decisiones, el cumplimiento de los compromisos internacionales de nuestro país y la legalidad del actuar público.

Este Poder Judicial, en términos de nuestra Constitución, confía en el respeto de dos principios fundamentales por parte de todas las autoridades del país: la división de poderes y la independencia judicial.

La asignación presupuestal al Poder Judicial Federal en nuestro diseño constitucional responde a un indispensable ejercicio de contrapesos entre los poderes; ejercicio que, si bien debe atender al principio de estabilidad financiera, lo cierto es que encuentra límites muy claros en la propia Norma Suprema.

El debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado ante una insuficiencia presupuestal, no implica una política de austeridad, sino nos lleva al rompimiento del Estado de Derecho.

El acceso a la justicia es un derecho que le cuesta a la sociedad contribuyente. Es un derecho que no basta con enunciarlo formalmente en nuestro texto constitucional para que se haga realidad. Para que el derecho a la justicia sea efectivo, es indispensable que el Estado destine montos adecuados de los recursos que recauda.

En este sentido, proteger el acceso a la justicia de las y los mexicanos, no sólo le corresponde al Poder Judicial Federal, sino también directamente al Poder Legislativo que debe asignar los recursos suficientes, respetando así, en el ejercicio de sus atribuciones, las garantías constitucionales que rigen la protección de nuestros derechos.

La asignación presupuestal requerida para la impartición de justicia federal en 2024 representa, en promedio, 1.8 pesos diarios por mexicano.

Lamentablemente, la consecuencia directa de asfixiar a través de un recorte presupuestal al Poder Judicial Federal es colocar, inmediatamente, a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja para acceder a sus derechos.

Desde el Poder Judicial Federal asumimos la gran responsabilidad que tenemos de cara a la sociedad en cada sentencia, de cada acto que repercute en la vida de las personas. Sin embargo, nuestra actuación —como cualquier función pública— está directamente condicionada por la suficiencia presupuestal.

El acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable.

Esto no lo digo yo, se desprende de los controles y de los límites que establece nuestra Norma Fundamental para que este derecho no se reduzca a una simple declaración de buenas intenciones.

Desde el Poder Judicial Federal reiteramos nuestro compromiso con México, no sólo de someter todas nuestras actuaciones al marco legal y constitucional que nos rige, sino también de hacer valer la fuerza vinculante de nuestra Constitución para así, no dar ni un paso atrás en la tutela de la dignidad de las personas.

Muchas gracias.

PALABRAS DE LA MINISTRA NORMA PIÑA HERNÁNDEZ EN LA SESIÓN SOLEMNE – 28 DE AGOSTO 2023