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JUEZ SUSPENDE DEFINITIVAMENTE «DECRETAZO»

  • El Consejo Nacional de Litigio Estratégico celebró que el juzgado haya frenado el llamado ‘decretazo’
El Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México concedió la primera suspensión definitiva en contra del acuerdo por el que se instruye a las dependencias que las obras del gobierno de México sean consideradas como asuntos de seguridad nacional.
En un comunicado enviado por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, A.C. (CNLE), la organización celebró que el juzgado haya frenado el llamado “decretazo” con el que se prohibía a la ciudadanía acceder a información de las obras realizadas por el gobierno mexicano.

Esta suspensión se suma a la resolución que ya había otorgado el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) en diciembre del año pasado.

Dentro de la suspensión, el Juez de Distrito aseguró que “al considerar como de seguridad nacional los proyectos y obras del Gobierno Federal, se traduce en una limitación en el acceso a la información vinculada con esas obras y proyectos”.

En noviembre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un acuerdo por el que se declaró la realización de proyectos y obras del Gobierno como asuntos de interés público y seguridad nacional.

Las facultades del decreto no terminan ahí: también instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a que otorguen la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar dichos proyectos.

Tras la publicación, López Obrador negó que este acuerdo fuera un obstáculo a la transparencia.

“Esto no tiene nada que ver con la transparencia, las secretarías, todos estamos obligados a rendir cuentas”, expresó en su mañanera del 23 de noviembre pasado.

El acuerdo fue criticado por distintos actores, entre ellos la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) que señaló que el ‘decretazo’ implicaba posibles riesgos en materia de competencia y libre concurrencia.

De manera específica, el organismo indicó que el acuerdo otorga un trato preferencial a los proyectos impulsados por el Gobierno Federal, por lo que existiría un trato asimétrico y preferente entre proyectos públicos y privados.

OP

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