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PARA RECUPERAR LA CONFIANZA CIUDADANA, PROPONE EL PRI UN CÓDIGO DE ÉTICA PARA LOS LEGISLADORES

Toluca, México, 14 de marzo de 2019.- Para favorecer la reivindicación ante la opinión pública de los representantes populares como servidores públicos y reforzar la función del Poder Legislativo como garante fundamental del Estado democrático, el Grupo Parlamentario del PRI propuso expedir un Código de Ética de y para los integrantes de la Legislatura mexiquense.

Presentada por la diputada Iveth Casique Bernal, la iniciativa remitida para su estudio y dictamen a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales sostiene que la misión de los legisladores es servir a la sociedad, por lo que todas sus actividades deben orientarse a la satisfacción de la pluralidad de los intereses colectivos, lo que se robustecerá con la observación de un Código de Ética.

El documento agrega que cualquier actividad realizada con base en la observancia de parámetros éticos es digna de reconocimiento, sobre todo si se trata de una actividad a cargo de servidores públicos.

“El respeto a las leyes y a la vocación de servicio debe ser la guía fundamental en el actuar de todo servidor público, y su comportamiento debe enmarcarse en el principio de legalidad”, enfatizó.

La propuesta plantea reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para establecer que los legisladores y los integrantes de la Junta de Coordinación Política observen y cumplan, además de la propia Ley Orgánica y el Reglamento, el Código en cuestión.

Con éste, precisó, se conocerán con mayor objetividad los criterios de actuación de los legisladores y los mecanismos para sancionar su incumplimiento, propiciando una mayor confianza de la ciudadanía.

La diputada añadió que el Congreso de la Unión y los de Puebla y Aguascalientes ya cuentan con una normatividad semejante, lo que ha contribuido a generar confianza en la actuación de sus integrantes, quienes deben regirse bajo principios fundamentales, vigilados por un Comité creado para esos fines y sujetos a un procedimiento de investigación para la eventual imposición de sanciones.

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