En 164 páginas, el organismo descentralizado explica cómo es que las modificaciones a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), General de Partidos Políticos (LGPP) y Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la promulgación de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGMIME) podría incidir negativamente a la democracia.

De acuerdo con el Informe, el paquete de reformas al sistema político-electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afecta los plazos electorales, la libre competencia, la presencia territorial del INE en la república (particularmente la instalación de casillas), vulnera la autonomía, obstaculiza la fiscalización, pone en riesgo los datos personales de las y los empadronados y compromete el cómputo de los votos.

De todas estas observaciones, donde más abundó el informe fue en materia fiscal, pues destacaron 11 sub puntos como áreas de oportunidad:

a) Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos

b) Sanciones en materia de fiscalización

c) Interpretación de normas

d) Fiscalización de los ingresos y egresos

e) Delegación de la facultad de fiscalización a los Organismos Públicos Locales (OPLEs)

f) Transferencias de recursos locales y federales sin límites

g) Renuncia al financiamiento público y remanentes

h) Generación de ahorros

i) No se podrán emitir disposiciones una vez iniciados los procesos electorales

j) Notificaciones de fallas o interrupciones en el sistema de contabilidad en línea

k) Transgresión al modelo de fiscalización oportuno, ágil, expedito y accesible de los recursos de los partidos políticos

La Reforma Electoral fue cuestionada por el INE (Foto: EFE / Francisco Guasco)

Asimismo, ante el recorte presupuestario, la autoridad electoral advirtió que “se verían seriamente comprometidos los derechos laborales de las personas servidoras públicas del INE que dejen de laborar por motivos de eliminación de estructuras y plazas”.

“Implica la liquidación de por lo menos 5 mil 080 personas”

Junto con numerosas críticas, el Instituto señaló que para llevar a cabo una reestructura integral como la que se planteó con la Reforma Electoral de AMLO, es necesario hacer un diagnóstico organizacional, esto para que si se genera un ahorro, éste no comprometa la capacidad organizacional de los organismos afectados, en este caso, el INE.

Y es que, a consideración del organismo, el adelgazamiento de la estructura y el recorte o reconfiguración de procedimientos conlleva una afectación a las garantías orgánicas y procedimentales que garantizan la legitimidad de los procesos electorales. En este sentido, sostuvo que se trata más del oportunismo político que criterios técnicos en acción.

Cabe recordar que el Plan B, en relación a la operatividad del INE, guarda la intención de eliminar la burocracia innecesaria y la duplicidad de funciones. Por ejemplo, entre los OPLEs y el Instituto existen tareas que se realizan y se auditan de manera reiterada, por lo que la iniciativa presidencial representa un ahorro de cinco mil millones de pesos anualmente en comparación a los mecanismos establecidos actualmente.

Aunado a ello, se destaca que el Plan A de AMLO, la reforma de carácter constitucional, suponía un ahorro de 15 mil millones de pesos, pero ésta no pasó el primer filtro, que era la Cámara de Diputados, así que se puso en marcha el Plan B en diciembre, mismo que quedó aprobado parcialmente y se espera que, con el reinicio de sesiones ordinarias, se termine el proceso.

Finalmente, se destaca que Hamlet García, diputado federal por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), a través de una breve declaración a medios de comunicación, especificó que la Reforma Electoral no violenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), por lo que probablemente pasará el filtro que supone la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que sea ratificada; además, en cuanto a las extrañezas manifestadas por Ciro Murayama y Lorenzo Córdova, sostuvo que los recortes son para que el INE no goce de privilegios y que, para resolver la supuesta falta de recursos para garantizar sus obligaciones constitucionales, les falta imaginación.