REFORMA ELÉCTRICA DE AMLO ES UNA «EXPROPIACIÓN DE FACTO»: CCE

2 de Octubre de 2021.- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, diera a conocer el envío al Congreso de su iniciativa de reforma eléctrica, con la que busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al mismo tiempo, tener un control de los energéticos; el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reaccionó.

Consideró que si se concreta la aprobación de esta reforma, se “marcaría un punto de no retorno, generando daños irreversibles al Estado de Derecho, al medio ambiente, a las finanzas públicas y a la competitividad del país”.

A través de un comunicado, el organismo empresarial que preside Carlos Salazar Lomelín señaló que, con esta reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, se consumaría “una expropiación de facto” de decenas de miles de millones de dólares de inversión privada competitiva en el país, lo que pondría en grave riesgo la credibilidad de México como socio comercial, exponiéndolo al reclamo de indemnizaciones bajo diversos mecanismos legales, incluyendo arbitrajes internacionales.

“La imposición de esta reforma eléctrica implicaría que las plantas más modernas, limpias y eficientes del sector privado dejen de operar, violando los tratados internacionales de los que México forma parte, contradiciendo los mandatos del poder judicial mexicano y violando el principio fundamental de la Constitución de la no retroactividad de las leyes”, alertó el CCE.

Foto: REUTERS / Daniel Becerril/ Archivo

Y es que, además, resaltó que se obligaría a todos los mexicanos a adquirir energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sin importar lo sucia, cara e ineficiente.

“Como tal, no sólo permitiría que plantas obsoletas y contaminantes (que utilizan diésel, combustóleo y carbón) incrementen su participación de mercado sin tener que competir ni en costos ni en nivel de emisiones, sino que aumentaría inevitablemente las emisiones contaminantes, los costos de generación y la necesidad de subsidios para mantener las tarifas constantes”.

El Consejo Coordinador Empresarial resaltó que esta reforma hará más difícil la inversión en la red de transmisión energética.

“La iniciativa no plantea ningún remedio a estas carencias de la CFE. La reforma propuesta hará todavía más difícil la inversión en la red de transmisión al concentrar los recursos de la CFE en generación. Estamos ante una contrarreforma que, a todas luces, no cumple con los objetivos que pretende ni plantea soluciones sustentables”, enfatizó.

“Bloquear la participación del sector privado en la generación eléctrica impide que el país avance en solucionar estos problemas críticos. De aprobarse la reforma planteada por el gobierno federal, México no podrá cumplir con sus metas de reducción de emisiones frente al cambio climático”, destacó.

“La contrarreforma condena a la CFE de manera irremediable a perder montos crecientes de recursos y a depender de crecientes subsidios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para subsistir, con lo que se vulnera el objetivo del Presidente López Obrador de no incrementar los niveles de endeudamiento ni poner en riesgo las finanzas públicas”, advirtió el CCE.

El director de la Comisión Federal de electricidad (CFE),Manuel Bartlett Díaz. (Foto: EFE/Mario Guzmán)

Es por eso que el organismo empresarial hizo un llamado al Poder Legislativo a reflexionar sobre los efectos adversos de esta iniciativa y actuar en beneficio de las familias mexicanas, el medio ambiente, las finanzas públicas y el bienestar económico de nuestro país.

La mañana del viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer a grosso modo, el contenido de su iniciativa de reforma eléctrica.

Desde Cuernavaca, Morelos, en donde se realizó su conferencia mañanera, López Obrador explicó que se busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejando en sus manos el 54% del mercado energético, y al mismo tiempo, tener un control de los energéticos.

Pero además, la propuesta modificaría los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética, también se restringe la explotación de Litio, por lo que el Estado sería el único que podrá explotar el metal, así como la desaparición de organismos autónomos.