*¿Son necesarias las Fuerzas Armadas?
*En lucha del país contra la inseguridad
*Mientras se restructuran las policías civiles
*Y el crecimiento de la delincuencia es obvio

Luis Alberto Rodríguez

La celebración del Día del Ejército este lunes, que en el Estado de México fue presidida por el Secretario General del Gobierno, ALEJANDRO OZUNA RIVERO en las instalaciones de la 22ava. Zona Militar, en el municipio de Rayón en el valle de Toluca y por la Secretaria de Seguridad estatal, MARIBEL CERVANTES GUERRERO, en el comedor del Tercer Regimiento Mecanizado del Campo Militar 37, en San Juan Teotihuacán, ambos con la representación del gobernador ALFREDO DEL MAZO MAZA, fue ocasión propicia para abundar en la reflexión del papel de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad interior y seguridad nacional.

En esa ocasión, el Secretario General de Gobierno expresó que: “En el Estado de México el apoyo del Ejército Mexicano es fundamental y merece todo el reconocimiento. Los mexiquenses confiamos en nuestro Ejército; los valores que les rigen, su congruencia y disciplina les permiten sortear la crisis de credibilidad que otras instituciones hoy lamentablemente padecen”.

Una intensa polémica se ha desatado incluso a escala internacional por la reciente aprobación de la Ley de Seguridad Interior que regula la intervención de las Fuerzas Armadas y en cuyo artículo 11 se establece que el Presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las Entidades Federativas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior, es decir, una intervención del Ejército y la Marina en zonas de conflicto. Esto, cuando se identifiquen Amenazas a la Seguridad Interior, que “comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderla”, o se identifique “la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la Seguridad Nacional”.

Al existir las condiciones de amenaza mencionadas en el punto anterior, el presidente de la República, “previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, determinará la procedencia de la intervención de la Federación y expedirá, dentro de las setenta y dos horas siguientes, la Declaratoria de Protección a la Seguridad interior”.

Al expedirse la Declaratoria, debe tener el visto bueno del Consejo de Seguridad Nacional, y luego la Secretaría de Gobernación debe notificar a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para proceder a la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Todos estos procedimientos establecidos en la nueva Ley, impiden que las Fuerzas Armadas intervengan sistemáticamente en tareas propias de seguridad encomendadas a las autoridades civiles, además del ordenamiento explícito de “los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta Ley deberán someterse, en todo momento y sin excepción, a la preservación irrestricta de los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes.

“En los casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, y cuya atención requiera la suspensión de derechos, se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes respectivas”, es otro de los puntos señalados en el artículo 7 de la Ley y su artículo 8 indica que “las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior”.

Establecidos esos principios, gran parte de las críticas de los detractores de la Ley se han venido abajo, aunque cabe destacar que la intervención de las Fuerzas Armadas en la llamada “guerra” contra el narcotráfico se originó en la insuficiencia de las policías y autoridades estatales y locales para contrarrestar en general a la delincuencia organizada.

Contrarrestar esa insuficiencia de las autoridades civiles mediante la restructuración y depuración de sus fuerzas de seguridad -muchas de ellas, sobre todo las policías municipales, infiltradas por la delincuencia- justificó la sustitución de mandos civiles por militares, lo que no significa necesariamente la total militarización de las mismas fuerzas, como suele criticarse.

Quizás un ejemplo de ello lo represente el Estado de México, con la reciente creación, desde el inicio de la actual administración encabezada por ALFREDO DEL MAZO, de la llamada Secretaría de Seguridad estatal, a cargo de la hidalguense MARIBEL CERVANTES GUERRERO que bien puede considerarse originalmente una militar que cuenta con Maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacional por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Está capacitada en análisis operativo de la criminalidad, inteligencia, planeación estratégica, terrorismo, así como en técnicas de investigación y policiales en España, Israel y Estados Unidos.

MARIBEL CERVANTES fue Comisionada General de la Policía Federal en el último año del gobierno de FELIPE CALDERÓN. Cuenta con experiencia en combate al crimen organizado, seguridad nacional, inteligencia, terrorismo internacional, grupos armados y secuestro; dirigió en 2015 la División Científica de la Policía federal y recibió la Cruz al Mérito Militar que España le otorgó en 2006.

El gobernador DEL MAZO ha definido ya la recuperación de la seguridad como el principal reto de su administración y para enfrentarlo, al lado de  las organizaciones de la sociedad civil, “aliados comprometidos que han hecho del combate a la delincuencia una causa común”, ha definido las acciones que desde el inicio de su administración ha emprendido en esa lucha:

El mandatario enumera la creación de la Secretaría de Seguridad, “que tiene la responsabilidad de coordinar el esfuerzo estatal en la materia, empezando con las tareas de la fuerza pública y el Decálogo de acciones que en materia de seguridad propone dar una perspectiva integral a la prevención y la persecución de delitos a partir del fortalecimiento de la inteligencia policía y acceder a una reingeniería del modelo de Policía Estatal que impulse a los policías municipales, enfocando los esfuerzos en los delitos de mayor incidencia y así consolidar el modelo de control de confianza”.

Con esos objetivos, se dio inicio al Programa de Evaluación y Depuración de Mandos de Policía y del Sistema Penitenciario Estatal y uno de los ejes principales del Proyecto de Rediseño Policial es la dignificación de las policías.

En materia de inteligencia policiaca, se definió un modelo de atención integral a los delitos, lo que permitió identificar las regiones, municipios, zonas y colonias con mayor índice delictivo y se establecieron como prioritarios los municipios de Ecatepec, Naucalpan y Tlalnepantla donde se concentran parte importante de los despliegues territoriales, tanto de la policía estatal, como de las fuerzas federales que apoyan esas operaciones en la entidad y  en especial el apoyo del Ejército y  la Marina, “que de manera conjunta hemos logrado trabajar de manera articulada en particular en estos tres municipios de la primera etapa de esta estrategia para disminuir los índices delictivos con avances importantes en la disminución de los delitos de alto impacto”, como ha expresado el Gobernador.

Eso muestra que en ciertas circunstancias, aún se justifica la participación de las Fuerzas Armadas sin que ello implique la pretendida “militarización” del país como suelen expresar los críticos de la aprobada Ley de Seguridad Interior promulgada en diciembre del 2017.

No quiere decir que dicha Ley no pueda mejorarse ni que la responsabilidad de las autoridades civiles en materia de seguridad disminuya, pero ante el crecimiento de la delincuencia organizada en nuestro país, que algunos consideran ya como “un Estado dentro del Estado mexicano”, lo que en sí representa una permanente amenaza a la seguridad nacional, retirar a las Fuerzas Armadas de tan enconada lucha, opino, resultaría un riesgo mayor, toda vez que sin ellas el crecimiento de la delincuencia, como ya se ve, llegaría a ser incontrolable. Cuidado.