TEPJF RESOLVERÁ TODAS LAS IMPUGNACIONES EN TIEMPO Y FORMA

Ciudad de México, 09 de Enero de 2018.-  Versión estenográfica del mensaje de la magistrada presidenta del TEPJF, Janine M. Otálora Malassis

Compañeros, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia en esta Conferencia de Prensa.

Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos.

Antes que nada, queremos agradecerles su asistencia a esta Conferencia de Prensa con la que queremos dar inicio a este año de intensa actividad electoral y con ello a una interlocución activa con ustedes.

Queremos reconocer también públicamente la atención permanente y muy profesional que han mantenido sobre nuestra actividad institucional a lo largo del año pasado.

En el Tribunal estamos trabajando para intensificar el contacto con ustedes y desahogar con agilidad sus solicitudes de información y facilitar también su acceso a toda la información jurisdiccional.

Para ello estamos terminando una nueva página de internet con información más accesible y les propondremos un sistema de reuniones con personal jurisdiccional al término de las sesiones públicas para comentar las sentencias más relevantes.

Las magistradas y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconocemos en las y en los periodistas, y en general en los medios de comunicación una función social de gran importancia y alto valor para la construcción de una ciudadanía informada y participativa, condición necesaria para el funcionamiento correcto de toda democracia.

Como ustedes saben, 2018 será un año de arduo trabajo y retos importantes, tanto para ustedes como para nosotros, ya que ustedes estarán atentos a nuestras decisiones sobre cada una de las impugnaciones durante los procesos electorales locales y federal, de manera a dar cuenta de ello de manera puntual a la ciudadanía. Ustedes tienen la gran responsabilidad de ser el puente entre la sociedad y este Tribunal Electoral.

El Tribunal forma parte de un entramado constitucional diseñado para garantizar el Estado de derecho y específicamente le corresponde garantizar la legalidad de los procesos electorales y la protección de los derechos políticos de las y los ciudadanos.

En cumplimiento de nuestra función, juzgamos a partir de los agravios presentados por los diversos actores de las pruebas y de las reglas establecidas en nuestro marco legal. Nuestras sentencias obedecen únicamente a las razones del derecho.

Al inicio de este año, políticamente intenso, reconocemos que las elecciones siempre ponen a prueba a las autoridades electorales en cuanto a su capacidad de organizar los comicios y también en cuanto a su capacidad de resolver los conflictos de manera imparcial y apegada a la ley.

El Tribunal Electoral, tanto la Sala Superior como las seis salas regionales, cumplirá, no tengan duda, con su mandato constitucional, resolverá todas las impugnaciones en tiempo y forma con independencia y neutralidad, y estará a la altura de su encargo y de la confianza ciudadana.

Considerando que este año se renovarán tres mil 600 cargos de elección popular, y atentos al comportamiento de los actores políticos, estamos esperando un incremento considerable en el número de impugnaciones que llegarán a las diversas salas del Tribunal.

Si bien no podemos predecir un número exacto, asumimos que la carga de trabajo podría incluso llegar a 50 mil asuntos. Estamos plenamente comprometidos a dar certeza y a garantizar la legalidad en los comicios locales y federal, que incluyen, por supuesto, la renovación de la Presidencia de la República, cuya calificación compete exclusivamente a la Sala Superior.

Tenemos la convicción de que la democracia es el sistema que nos hemos dado para obtener una solución pacífica a las diferencias y las disputas por el poder político. Su funcionamiento en ocasiones genera debates intensos, procesos ríspidos y un alto grado de judicialización, pero confiamos plenamente en la eficacia de los valores democráticos como pilares de la convivencia y el desarrollo de nuestro país.

Como juzgadores, reiteramos nuestra responsabilidad de mantenernos fuera del debate político. Sabemos también que a veces conviene explicar con mayor amplitud lo que decidimos, con el fin de evitar confusiones, refutar distorsiones y contextualizar de mejor manera nuestras resoluciones, para que los motivos, el sentido y los efectos de nuestras sentencias sean claros para la ciudadanía.

Un caso reciente que queremos precisar en esta oportunidad es el de la modificación que realizamos al Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, para homologarlo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Sobre ello queremos insistir, ninguna prohibición fue revocada y no se abrió paso para violar la normatividad electoral mediante el reparto de propaganda en forma de tarjetas con futuros beneficios.

El Tribunal se apegó a lo estipulado por el artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, confirmando el impedimento para repartir no sólo tarjetas, volantes, dípticos, trípticos o plásticos, sino cualquier tipo de material que ofrezca beneficios a cambio de votos ciudadanos, así lo dice la sentencia y así queremos reiterarlo.

Será el Tribunal el que determinará en última instancia, caso por caso, cuando se esté ante la violación de este precepto legal.

En el mismo sentido y sobre la relación de este Tribunal con el Instituto Nacional Electoral que ha sido motivo de diversas interpretaciones en los medios de comunicación. Queremos comentarles que desde 2017 las Salas del Tribunal Electoral han recibido ya 905 asuntos, vinculados con el proceso electoral federal.

Muchas de las impugnaciones obviamente han sido en contra de acuerdos o lineamientos o actos del Instituto y en algunas de ellas, ciertamente, la Sala Superior determinó modificar o revocar las determinaciones del Consejo General. Entre estos casos están los relativos a los lineamientos en las materias de libertad de expresión, regulación de campañas y recientemente la modificación al Reglamento de Fiscalización.

En todos esos asuntos, el Pleno consideró que las disposiciones puntuales ya contenidas respecto a estos temas en la legislación electoral y en la doctrina jurisprudencial no pueden ser modificadas por un ordenamiento subordinado, como es el caso de reglamentos o lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral.

Debemos resaltar que ha sido nuestra convicción que la creación de reglas adicionales a las ya previstas por la legislación no contribuye a la salvaguarda de los principios constitucionales de certeza, legalidad y equidad en la contienda.

En este sentido es fundamental para un Estado de derecho que el establecimiento de obligaciones, responsabilidades o sanciones que afectan derechos y libertades de las personas sean dados única y exclusivamente por el legislador.

Las autoridades electorales podemos llevar a cabo una interpretación de las normas que haga efectivos o potencialice los derechos. Sin embargo, no podemos bajo ninguna circunstancia hacer una interpretación que incremente restricciones, obligaciones o sanciones de las personas.

Y este es el papel fundamental del juez electoral constitucional: Velar en última instancia porque la interpretación de la norma sea acorde a estos principios.

Sin embargo, queremos comentar que los asuntos en los que el Tribunal Electoral ha validado y respaldado la actuación del Instituto Nacional Electoral no son pocos ni de menor trascendencia.

Hemos confirmado las modificaciones al calendario electoral y la homologación de los plazos más importantes de los procesos electorales locales y federales, acuerdo que fue impugnado por una mayoría de partidos políticos.

Ratificamos la nueva demarcación territorial de los 300 distritos federales uninominales, confirmamos el uso de la aplicación móvil para recabar el respaldo ciudadano para el registro de candidaturas independientes y confirmamos la integración de las diversas comisiones del instituto.

También hemos validado recientemente las reglas para la formación de coaliciones, las obligaciones de los partidos políticos y coaliciones relativas al cumplimiento del principio constitucional de paridad en la postulación de candidaturas al Congreso.

Las reglas básicas para la realización de los debates entre las y los candidatos a la Presidencia de la República, y los lineamientos para la preparación y desarrollo de los cómputos distritales y de identidad federativa, entre muchos otros.

Hacemos este recuento para reiterar que mantenemos una relación constructiva, fluida y respetuosa con los integrantes del Consejo General del INE en el ámbito de nuestras respectivas atribuciones.

Es obligación de las instituciones electorales preservar la estabilidad del proceso electoral para que éste se lleve a cabo en orden y paz social.

En el tribunal estamos garantizando con nuestras sentencias la legalidad de cada una de las etapas del proceso electoral, para dotarlas de certeza, y por ello estamos conscientes de la gran importancia de la congruencia en cada una de nuestras decisiones.

También responderemos, a través de nuestras sentencias, a los nuevos retos de la reelección, las candidaturas independientes y la paridad de género.

México tiene instituciones electorales fuertes y sólidas. Hoy tenemos todo lo necesario para que procesos electorales complejos como los que tendremos este año sean resueltos en un marco de paz social y a través de los cauces institucionales, y por ello es importante fortalecer la confianza de la ciudadanía en la funcionalidad de su democracia.

En esta ruta es fundamental la corresponsabilidad entre las instituciones electorales, los actores políticos, los ciudadanos y los medios de comunicación para lograr con éxito los próximos comicios.

Las determinaciones del juez electoral constitucional pueden ser debatidas, pero deben ser respetadas en aras de consolidar el ámbito competencial de cada uno de los actores.

Todas y todos los mexicanos debemos respaldar nuestra democracia y participar para hacer efectivos los derechos políticos desde nuestras respectivas tareas y para el fortalecimiento de México

Agradecemos mucho su atención y les expresamos nuestra voluntad de ser abiertos y atentos a las necesidades de todos los medios de comunicación, particularmente durante este año electoral.

Les deseamos también, las magistradas y los magistrados de todo el Tribunal Electoral, los mejores deseos para que 2018 sea un año de salud y éxito para ustedes y sus familias.

Muchas gracias.