FUNDAMENTAL, QUE LOS DIPUTADOS LEGISLEN PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN A MUJERES Y NIÑAS

SERGIO GARCÍA SOSA

Toluca, México, 31 de julio de 2019.- La tarea fundamental de los diputados locales mexiquenses es prevenir, planificar y legislar para que se resguarden los derechos humanos de las mujeres y las niñas, se garantice su seguridad y cese la violencia en su contra, expresó el diputado Sergio García Sosa (PT), presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la 60 Legislatura, durante la presentación del Dictamen Ciudadano del Estado de México, a cuatro años de la Declaración de Alerta de Violencia de Género.

En el salón Benito Juárez de la sede legislativa con la presencia de los coordinadores parlamentarios del PT y el PES, Armando Bautista Gómez y Julieta Villalpando Riquelme, respectivamente, así como de los diputados petistas Crista Amanda Spohn Gotzel y Francisco Rodolfo Solorza Luna, integrantes de la asociación civil Católicas por el Derecho a Decidir y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) concluyeron que no es posible medir los avances de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en la entidad, porque no hay indicadores ni seguimiento para las acciones que se han realizado.

Aunque aceptó que aún hay tareas pendientes en la materia, el diputado Sergio García manifestó que es necesario hacer una pausa para valorar los logros de la AVGM y analizar las acciones por realizar, y destacó que la Comisión que preside ha impulsado protocolos de actuación eficaces para proteger a las mujeres, así como trabajos conjuntos para acercar a las víctimas a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Vinculados con la Violencia de Género; también ha canalizado a probables víctimas a las fiscalías regionales, para su atención y orientación.

El dictamen, que leyó la investigadora Xipatl Contreras Oropeza como representante del OCNF, detalló que es necesario un monitoreo externo al gobierno estatal sin que se excluya el monitoreo federal al estado y los municipios y el del estado a los ayuntamientos, y que se dé seguimiento a los programas o acciones más allá de las administraciones, para que no se rompa lo alcanzado en el cambio de gestión en los diferentes niveles de gobierno.

También informó que para medir los resultados de la AVGM, declarada en la entidad el 31 de julio de 2015 en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli, se deben establecer mecanismos de rendición de cuentas mensuales, crear un modelo de seguimiento y evaluación de la Alerta, y generar indicadores de procesos y resultados respecto al impacto en la población para reducir la violencia contra las mujeres y sobre el acceso a la justicia que han tenido las víctimas o sus familiares.

La investigadora lamentó que en la entidad siete de cada 10 mujeres vivan o hayan vivido violencia de género y que el dictamen de la AVGM, elaborado a partir de la consulta a autoridades estatales y municipales, así como entrevistas y familiares, refleje que de las 18 medidas de seguridad, prevención y procuración de justicia establecidas en la declaratoria, solo una se detectó como cumplida, 11 parcialmente cumplidas y seis no presentaban avance alguno, además de que no se explicó cómo se habían cumplido.

Detalló que además del feminicidio, la omisión e impunidad suelen desproteger la causa para erradicar la violencia de género contra las mujeres, y subrayó que en la revisión se encontró que los funcionarios desconocen las acciones que constituyen la lucha contra el problema, ya que en sus reportes adjudicaban cambio de luminarias, podas de pasto o pintas como acciones de la AVGM.

Aunque reconoció que sí hubo avances a raíz de la declaratoria, manifestó que fueron acciones aisladas, por lo que es necesario un órgano que dé seguimiento a las 18 medidas de la Alerta y que en la entidad se usen los lineamientos establecidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que tiene implicaciones nacionales, ya que actualmente se sigue el Código de Procedimientos Penales, y puso como ejemplo que no se encontró la aplicación de una sola orden de protección a las mujeres, mecanismo que calificó como el único para prevenir un feminicidio.

En su intervención, María de la Luz Estrada Mendoza, fundadora y coordinadora ejecutiva del OCNF, manifestó que la violencia contra las mujeres es un problema estructural que se debe resolver con estrategias articuladas, ya que en el país hay 19 declaratorias de alerta de género, y agregó que en la declaratoria estatal no se estableció de manera puntual cuáles serían las responsabilidades de los ayuntamientos ni los indicadores de avance del mecanismo o el plazo para erradicar la problemática.

Criticó que no encontraran coordinación entre los tres niveles de gobierno y que no se establecieran castigos por las omisiones en las acciones de la declaración, lo cual deriva en negligencia que conlleva a asesinatos y desapariciones de mujeres, por lo que no existe justicia y se protege la impunidad y la corrupción.

En su participación, Maribel Becerril Velázquez, directora del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, compartió que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros seis meses del año han sido asesinadas mil 812 mujeres en el país, un promedio de 10 al día.

Respecto al Estado de México, explicó, de enero a junio de este año hubo 42 presuntos feminicidios y 180 presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso, con lo que en este semestre de 2019 han sido asesinadas 122 mujeres (una al día en promedio).

Ana Laura Velázquez Moreno, especialista del Área de Defensa de Litigio de Derechos Humanos I(DH)EAS, recalcó la importancia de declarar una segunda AVGM en la entidad derivada de la desaparición de niñas y mujeres, ya que se identificó que los municipios donde hay alerta por feminicidio coinciden con los sitios donde más desapariciones se registran, además de que son localidades que colindan con la Ciudad de México.

Ana Yuritzi Leyva Piñón criticó la voluntad política de los tres niveles de gobierno y las declaraciones de funcionarios sobre las causas de los feminicidios en las que culpan a las mujeres, así como el presupuesto federal asignado para la protección de las mujeres, el cual es menor al designado a jóvenes o a grupos indígenas.

Al evento también asistieron Norberto Morales Poblete, coordinador estatal del PT; Palmira Tapia Palacios, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios; Ángel Rodolfo Uribe González, consejero ciudadano de seguridad estatal; así como regidoras de Toluca, Atizapán de Zaragoza, Temascaltepec, Tenancingo y Teoloyucan, entre otros, y representantes de varias asociaciones.