REANUDAN BÚSQUEDA DEL ACTIVISTA VICENTE SUÁSTEGUI

Suástegui de 37 años de edad, forma parte del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), una organización de base campesina e indígena creada en 2003 para detener la construcción de un macroproyecto hidroeléctrico en el río Papagayo (Guerrero), que afectaría a 24 comunidades indígenas, cinco municipios y desplazaría a más de 25.000 personas, según un informe del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Él se involucró en Cecop en 2014. Su hermano, Marco Antonio, el principal dirigente, había sido encarcelado en el penal del Estado de Nayarit, acusado de robo, y Vicente lideró la campaña por su liberación. Finalmente, fue puesto en libertad en 2015, al no encontrarse elementos que sustentaran las acusaciones.

La tercera etapa de búsqueda de Vicente Suástegui, que constaba de cuatro días, concluyó el pasado jueves. El trabajo de rastreo por el monte se reanudará la semana que viene, ya que todos los lugares en los que se sospechaba que podía estar retenido han sido inspeccionados sin suerte, aunque una fuente de la expedición ha confirmado que seguirán registrando en los alrededores del poblado de El Arenal, en Guerrero. Mientras tanto, el equipo trabaja para obtener nueva información sobre el paradero del activista, cualquier pista que pueda ponerles en el buen camino.

Los dos hermanos Suástegui han denunciado desde entonces que existe una campaña de acoso contra ellos, por parte de la policía y distintos grupos armados locales. Ambos han estado presos en varias ocasiones. En 2019, fueron detenidos junto a otros 16 activistas “arbitrariamente”, y se sospecha que otros tres fueron ejecutados extrajudicialmente, de acuerdo con un informe de Frontline Defenders, una organización internacional que trabaja para proteger a defensores de los Derechos Humanos en situaciones de riesgo. Finalmente fueron absueltos, pero pasaron más de un año en prisión.

Después de ello, Vicente empezó a trabajar en el taxi, “desgastado económicamente por el cautiverio”, según el informe de Tlachinollan. Pero el acoso no cesó. Tuvo que dejar Aguas Calientes (Guerrero), comunidad donde residía, por las presiones. Según Tlachinollan, desde su liberación ha sido acusado con cargos de robo, despojo y daños “para minar la integridad de su imagen”, llegando incluso a ser torturado.

El 12 de julio, de acuerdo con el mismo informe y corroborado por todos los testimonios consultados, agentes de la Secretaría de Marina irrumpieron en su casa. “Ya sabe a qué venimos. Aquí hay armas y drogas” gritaron mientras golpeaban la puerta. Asustaron a sus hijas y a su esposa, Samantha. Registraron el coche y la vivienda, a pesar de que no tenían orden judicial. No encontraron nada. Al irse, le dejaron un aviso: “Te tenemos identificado. Allá en tu pueblo puedes hacer lo que quieras, pero aquí no”.

El día después de su desaparición, un equipo de búsqueda comandado por Marco Antonio Suástegui e integrado por Cecop, Tlachinollan, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Comisión Nacional de Búsqueda se lanzó desesperadamente a seguir el rastro de Vicente por la accidentada geografía de Guerrero— el noveno estado del país en número de personas desaparecidas, 455 entre diciembre de 2018 y septiembre de 2020. Además, Acapulco es el cuarto municipio del país con más fosas clandestinas (61), de acuerdo con el último informe de Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas—. El territorio, predominantemente rural, está lleno de caminos y sendas irregulares que se pierden en el monte y se hacen impracticables con la lluvia, lo que ha dificultado las labores de búsqueda.

“Primero la Fiscalía [General del Estado de Guerrero] nos dijo que a mi hermano lo tenían en la colonia Renacimiento. Estuvimos días enteros allí. Luego buscamos, en La Venta, Espinalillo, La Frontera, la zona rural de Acapulco, un poblado llamado Las Plazuelas, La Testaruda, nos fuimos al río La Sabana, que es un tiradero de cadáveres lleno de fosas clandestinas. Allí encontramos varias fosas en un lugar llamado Los Manantiales, pero nada”, enumera con minuciosidad científica Marco Antonio Suástegui.

Un mes después, la investigación continúa. “Estoy arriesgando mi vida, pero no me importa porque está mi hermano de por medio. Nosotros somos luchadores sociales. Vicente es defensor del agua, el medio ambiente, el territorio, los derechos humanos. Trabaja sus tierras, es un comunero, un campesino, el amigo que siempre te da la mano y no se merece que le hayan hecho esto”, se emociona Suástegui.

El arresto de Juan Carlos N., alias El Brillo, el 19 de agosto, arrojó nueva luz sobre el caso. Según la información difundida por la FGE de Guerrero, el detenido es sospechoso de “ser probable responsable del delito de desaparición de personas cometido por particulares en agravio de Vicente Iván “S” [Suástegui]”.

“El martes [31 de agosto] nos dieron la información fidedigna de que tenían a mi hermano con vida en El Arenal”, cuenta Suástegui. Se dirigieron al poblado, pero allí fueron recibidos por un bloqueo organizado por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), un grupo de defensa comunitario que, como tantos en México, surgió para llenar el vacío que ha dejado el Estado en las comunidades rurales, amenazadas por la violencia y la inseguridad. Suástegui ha culpado públicamente a Pedro Santos Cruz, alias el comandante Pino, uno de los líderes de la UPOEG, de ser responsable de la desaparición de su hermano.

Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, también argumenta que “en los testimonios de la persona detenida [Juan Carlos N., El Brillo] hay un señalamiento al comandante Pino. Jurídicamente, entendemos que hay elementos que lo incriminan, y también contra otra persona que trabajó como policía ministerial en Acapulco y colaboró en la desaparición”. Para Barrera, el problema con grupos como la UPOEG es que “no tienen controles internos. Los comandantes se transforman en jefes y empiezan a imponer su ley. En lugar de desmantelar la estructura delincuencial, pasaron a controlarla. Nadie puede cuestionarlos, el uso de las armas es lo que inclina la balanza para la toma de decisiones”.

Barrera considera que la Fiscalía General del Estado de Guerrero tiene pruebas suficientes para capturar a los responsables, “pero lamentablemente llevamos desde el 5 de agosto de su desaparición y no ha habido avances. Hay una dilación en estos casos de urgencia debido a factores estructurales que impiden que las víctimas puedan localizarse y actuar en consecuencia para que los responsables directos puedan ser detenidos. Hay un colapso de las instituciones de seguridad”.

Las lluvias que hacen impracticables las carreteras han paralizado varias veces su avance; tienen en contra a un grupo poderoso como la UPOEG y la FGE de Guerrero no colabora tanto como les gustaría, pero Marco Antonio Suástegui seguirá persiguiendo el rastro de Vicente. Nada le quita la esperanza de volver a ver su hermano con vida.

Información El País