YUCATÁN EJERCIÓ ACCIÓN PENAL CONTRA 26 EX SERVIDORES PÚBLICOS EN 2022
EN ESTE AÑO HA PROCEDIDO CONTRA 12 PERSONAS INCLUIDOS FUNCIONARIOS EN ACTIVO
Mérida, Yucatán, 8 de mayo de 2023.- Durante 2022 la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ejercitó acción penal contra unos 26 ex servidores públicos municipales y estatales, así como contra tres empresarios, informó su titular José Enrique Goff Ailloud.
En lo que va de este año se procedió en los tribunales penales contra 12 personas, incluyendo funcionarios en activo, se lograron dos sentencias condenatorias, y la recuperación o devolución de activos por más de 60 millones de pesos, abundó.
“Este organismo autónomo presenta avances importantes en materia de combate a la corrupción en Yucatán, con la investigación y ejercicio de la acción penal ante los tribunales de este tipo de conductas, que en el pasado quedaban impunes por la falta de investigación especializada en materia de corrupción”.
Esto “viene cambiando con la implementación del sistema nacional y estatal anticorrupción”, añadió.
En ese sentido, precisó que en 2022 se ejercitó acción penal ante los tribunales judiciales en contra de aproximadamente 26 ex servidores públicos estatales y municipales, así como en contra de tres empresarios por su grado de participación en hechos que la ley señala como delitos de corrupción.
Además, señaló, los delitos por los que se judicializaron fueron peculado, ejercicio abusivo de funciones, concusión y uso ilícito de atribuciones y facultades, este último el de mayor incidencia delictiva de acuerdo con las estadísticas que llevan.
Se obtuvieron 12 autos de vinculación a proceso, impugnando ante el Tribunal Superior de Justicia aquellos otros en los que la autoridad de primera instancia estimó, por alguna causa, que no era procedente vincular a proceso penal a los acusados.
En lo que va de este año se ha ejercitado acción penal ante los tribunales judiciales en contra de 12 personas, entre ellos, servidores públicos en activo, ex servidores públicos y particulares que participaron en probables delitos por hechos de corrupción, dijo Goff Ailloud.
Acerca del estatus de los procesos penales, el fiscal anticorrupción declinó entrar en detalles con el fin de garantizar la presunción de inocencia, el debido proceso y los derechos de los imputados establecidos en el Código Nacional de Procedimiento Penales.
Pero señaló que en 2022 la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) interpuso seis denuncias penales ante la Fiscalía por hechos relacionados con el probable desvíos de recursos públicos, cuatro fueron contra servidores públicos de Motul, una de Sinanché y otra de Chichimilá.
De igual forma señaló que de esas seis denuncias, en tres ya se ejercitó acción penal ante el Poder Judicial del Estado, con una carpeta vinculada a proceso, otra en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia, una en vías de formularse la imputación y las otras tres carpetas se encuentran en proceso de investigación.
En lo que va de este calendario, la ASEY ha presentó dos denuncias, una por el probable mal manejo de los recursos públicos del municipio de Peto y una mas de Sudzal, ambas en investigación inicial.
En materia de recuperación de activos, el fiscal señaló que en lo que va de 2023 se recuperaron activos derivado de investigaciones penales por más de 3.5 millones de pesos en efectivo, y el embargo precautorio de inmuebles cuyo valor comercial, según el avalúo, supera los 240 millones de pesos.
Esto se suma a los más de 60 millones de pesos que esta Fiscalía ya recuperó en bienes muebles, inmuebles y efectivo desde su creación en 2018 con diversas figuras procesales, restituyendo a las víctimas u ofendidos el patrimonio que se afectó con conductas ilícitas.
El fiscal ofreció que seguirá trabajando en la consolidación de esta institución como un organismo público autónomo especializado, y sería de gran relevancia continuar con el proceso ante el Poder Legislativo Estatal para que se emita la Ley Orgánica de esta Fiscalía Especializada, así como las reformas a leyes secundarias y una vez aprobado ese marco normativo emitir el reglamento correspondiente para darle mayor certeza jurídica a las actuaciones de este órgano institucional.
