Para el sector ambientalista de la Argentina, no es sorpresa que la línea política de desregulaciones del mercado del gobierno libertario pueda ir en detrimento de la política climática. Es algo que anticipaban con desasosiego y que, según varios referentes, se vio desde el principio de la gestión que arrancó hace menos de un mes. Por eso, para ellos el decreto de necesidad y urgencia (DNU) anunciado durante la noche del miércoles pasado y publicado horas más tarde solo viene a confirmar este supuesto.

Un día después de la publicación del megadecreto, organizaciones destacadas del área ambiental reaccionaron. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) e intelectuales como Maristella Svampa publicaron en diferentes plataformas balances preliminares de los riesgos que esta norma puede traer a la política climática.

Destacan golpes a la promoción de energías renovables, a la protección de la biodiversidad y de los bosques, el riesgo de desplazamiento de personas, y la amenaza a la transparencia dentro de la industria minera. Aunque ven con alivio parcial que no se hayan tocado las “grandes normas ambientales” como las leyes de bosques y glaciares, advierten que hay un debilitamiento en la política ambiental y vaticinan que esto solo es el inicio.

Según denuncian, este DNU solo es un primer paso de una seguidilla de políticas que significan un retroceso en la política climática. “Lamento decir que lo que veníamos anunciando antes del balotaje era justo como lo advertíamos. No nos equivocamos”, dijo la socióloga e intelectual ambientalista Svampa en entrevista radial con La siesta jugada (Nacional Rosario).

Otras voces también cuestionan el megadecreto. Por ejemplo, el economista especializado en hidrocarburos, exsubsecretario de Presupuesto de la Nación y exgerente general del Banco Central, Nicolás Gadano cataloga algunos de estos puntos como “caprichosos y verdaderamente arbitrarios”. Para él, como para los representantes del sector ambiental, sorprende que en este DNU se haga énfasis en puntos que no representan ni necesidad ni urgencia.

“Todo debería estar explicado punto por punto de por qué es urgente o necesario modificar o derogar cada ley”, critica en diálogo con LA NACION Cristian Fernández, coordinador del área de asuntos legales de FARN.

Ley del Fuego: una reforma anunciada, pero perdida

Uno de los anuncios que el miércoles pasado causaron mayor estupor entre los ciudadanos preocupados por el ambiente fue el de la reforma a la Ley del Manejo del Fuego (N° 26.815) que el presidente Javier Milei destacó entre los 366 artículos del megadecreto. En redes sociales se pronosticó un futuro “país en llamas”. Pero cuando se publicó el DNU en el Boletín Oficial, dicho punto no fue abarcado.

En el sector ambientalista abundaron las versiones: “se olvidaron”, “lo pospusieron para otro decreto”, “se arrepintieron”. Sin embargo, hay certeza nula sobre qué pasará con esta modificación. LA NACION preguntó a voceros de la Presidencia sobre este punto, pero no recibió respuesta.

La preocupación se mantiene latente. No hay que ir muy lejos para recordar el humo que se filtraba entre los edificios porteños a principios de este año, cuando el viento dejaba en evidencia los incendios en el delta del Paraná.

La Argentina ya se encuentra en una situación delicada cuando hablamos del fuego. El Banco Interamericano de Desarrollo destaca al país –en conjunto con Brasil, Bolivia, Chile y Perú– entre aquellos en los que más proliferaron los focos. Según información del propio gobierno nacional, el 95% de los incendios forestales son producidos por el ser humano, “siendo dentro de estos los principales escenarios fogatas y colillas de cigarrillos mal apagadas, el abandono de tierras, la preparación de áreas de pastoreo con fuego”.

“La 26.815 es una ley que establece un fideicomiso que es muy importante para fomentar la prevención del fuego. También crea el Sistema Nacional de Manejo del Fuego que es muy importante, porque con este se hace una coordinación interjurisdiccional”, explica a LA NACION Enrique Viale, abogado, activista y fundador de la AAdeAA.

Para él como para otras organizaciones, su modificación sería un complemento de la desregulación de las actividades agropecuarias. Especialmente si el Gobierno pretendiera derogar el artículo 22 bis de la ley.

“Es lo que más les molesta al agronegocio, porque prohíbe hacer un cambio de uso de suelo de las superficies quemadas por 60 años. Es lo más fundamental y quita el principal incentivo de las quemas”, añade. En otras palabras, por este artículo, una superficie de bosque nativo no podría convertirse en una plantación o un proyecto inmobiliario hasta después de 60 años del incendio. “Si sacás eso, liberalizás los incendios. Sumado a la Ley de Tierras para su extranjerización es un combo grave”, agrega.

Para él como para varias organizaciones, la derogación de la Ley de Tierras Rurales (N° 26.737) y la eliminación de las restricciones al derecho a la propiedad para extranjeros es un ataque directo a la soberanía nacional. “Puede implicar la vulneración de bienes comunes y promover el desplazamiento de comunidades”, explicó Svampa. Ambos ven con especial preocupación la expansión de la industria de la celulosa, destacada en el megadecreto, pues advierten que la expansión desregulada de monocultivos de eucalipto y pino pueden traer problemas a la calidad del suelo y a la gestión del agua.

¿Por qué ajustar el sector de renovables?

Una de las modificaciones que más sorprendieron al sector fue la derogación de los artículos 16 al 37 del régimen de fomento a la generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica (N° 27.424). Estos artículos se centran en el Fodis, un fideicomiso especial para promover el desarrollo de energías renovables que, a juicio de Gadano, no representa un gasto sustancial como para incluirlo en el paquete de reformas y derogaciones.

“Desde el punto de vista fiscal, reducción de gasto y ese tipo de medidas, es completamente irrelevante lo del Fodis. Representa una porción insignificante del gasto público. A mí me sonó verdaderamente arbitrario, caprichoso, que en un paquete de 366 artículos se incluya la reforma a esta ley que además fue aprobada en el Congreso recientemente con una discusión exhaustiva. De hecho, fue durante el gobierno de Mauricio Macri que se promulgó”, opina el exfuncionario.

Esto contrasta el compromiso que la Argentina suscribió días atrás en la COP 28 de Dubái para desarrollar políticas tendientes a “triplicar la capacidad instalada de energía renovable para 2030″.

Según un análisis que hizo FARN al respecto, durante 2023 el gasto que representó el Fodis para el tesoro fue de $0. “Este fideicomiso tuvo este año 1100 millones de pesos, pero que solo venían del retorno de las inversiones. Esto es público, está en los datos de la Oficina Nacional de Presupuesto”, explica a LA NACION Ariel Slipak, coordinador del área de Investigación de la entidad. “Es sorprendente que hagan ajustes a este sector como a los esquemas de subsidios, que también modificaron con el DNU de “emergencia del sector energético nacional” [publicado el 18 de diciembre], y que no toquen por ningún motivo subsidios a la producción de hidrocarburos”, añade.

Slipak se refiere especialmente al Estímulo a la Producción de Gas Natural, un subsidio que este año tiene un presupuesto de más de 150.000 millones de pesos y que se da directamente a empresas como YPF, Tecpetrol, CGC, Pan American Energy, Total, Pluspetrol, Equinor, Shell, CAPEX o Wintershall. Desde hace años, FARN ha denunciado su existencia. Para Gadano, esta medida es en realidad una forma indirecta de los subsidios al consumo, pues esto permite que las empresas bajen el precio al consumidor directo. No obstante, en el DNU publicado la semana pasada, el Gobierno se enfocó en este punto sin en el régimen tarifario al consumo de energía, que pretende escalar el costo según los ingresos por grupo familiar.

“El programa contempla que si el Gobierno no quiere que el consumidor absorba el costo puesto por la empresa, la diferencia entre lo que quiere que el consumidor pague la pondría el propio Estado a través de este programa. Aun así, estoy completamente de acuerdo con que se elimine este subsidio”, comenta Gadano.

Reformas al acceso a la información minera

Dentro del megadecreto hubo dos derogaciones relacionadas con el sector minero, pero nada tenían que ver con ajustes a la producción, sino en un sentido administrativo en un ítem clave para el ambientalismo: el acceso a la información.

La derogación de la ley del Sistema Nacional de Comercio Minero (N° 24.523) y el Banco Nacional de Información Minera (N° 24.695) fueron los únicos cambios que se hicieron al respecto para impulsar el desarrollo de este “área con gran potencial en el país y que se encuentra notablemente subdesarrollada”, como estipula la norma.

Oficialmente no hay una justificación para esto. Sin embargo, para Juan Trebino, que fue funcionario en el Ministerio de Ambiente durante varias administraciones, la razón es meramente práctica. “Las dos leyes que se derogan son muy viejas y estaban hoy totalmente inoperativas. No tenían ningún tipo de injerencia en la gestión de la política minera al día de hoy”, explica.

Según Trebino, estas leyes fueron siempre aplicadas parcialmente, pues no tenían información actualizada sobre la actividad minera en el país. “Son leyes que dependían de la información provista por las provincias, que son en realidad las dueñas de los minerales. Muchas veces por decisión o por falta de capacidad, esta información no llegaba, lo que terminó por hacer ineficientes ambas leyes”, detalla.

Sin embargo, para Viale, aun siendo ineficientes estas leyes eran una herramienta de recolección de datos. “Siempre fue difícil obtener información, pero al menos había algo sobre la actividad, los trabajadores o los minerales que se sacaban. Esto viene a apagar la luz del todo en una actividad que de por sí es oscura. Y respecto de la explotación del litio y del cobre en el país esto puede complicarse para la protección ambiental”, opina el abogado ambientalista.

En un marco más amplio, la falta de información para temas de minería como de explotación de hidrocarburos o trazabilidad agropecuaria siempre fueron un punto débil en el país. Uno en el que la Argentina se comprometió regionalmente a trabajar desde hace ya tres años a partir de la adopción del Acuerdo de Escazú (ley N° 27.566), que se centra en el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

Tanto Trebino como Viale coinciden en que la falta de información puede dificultar el cumplimiento de este acuerdo. “Si no trabajamos en el acceso a la información, se van a ralentizar varios procesos de desarrollo, pues este acuerdo puede desembocar en intervenciones judiciales que pueden durar años”, concluye Trebino.