URGE AL PRI REVERTIR IMAGEN DE PARTIDO CORRUPTO

*Urge al PRI revertir su imagen de partido corrupto
*Como ya percibió el precandidato José Antonio Meade
*Quien propone importante iniciativa de ley anticorrupción
*Para imponer castigos ejemplares a corruptos y delincuentes

Luis Alberto Rodríguez

Si alguna adversidad histórica marca negativamente la credibilidad y confianza ciudadana del Partido Revolucionario Institucional lo representa la extendida percepción de que la corrupción caracteriza su acción en la sociedad mexicana, cuando en realidad habrá que reconocer que sólo se deriva de las conductas de algunos de sus integrantes que han llegado a puestos públicos relevantes.

Al interior del Partido Revolucionario Institucional ante la sombra de la corrupción que sus adversarios se han encargado de propalar a diestra y siniestra de manera sistemática y que para su desgracia se ha magnificado con los sonados casos de varios ex gobernadores priistas que ahora mismo enfrentan ante la justicia, la tarea de revertir esa percepción se ha convertido en una de sus fundamentales prioridades, al tiempo de con ello enfrentar los actuales procesos electorales que culminarán este año.

Ya la misma designación de JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA   como su candidato “externo” a la Presidencia de la República y que no solamente no ostenta militancia formal con ese partido, sino que su perfil, más que carismático en términos de atractiva figura, se destaca por la honestidad que se le reconoce a su carrera -y por ello sin la sombra de la corrupción que a otros hubiera lastrado-, indica la preocupación de ese partido  por revertir la negativa imagen que propios y extraños han contribuido a acrecentar.

Aunado a ese prestigio, el precandidato presidencial priista, ya desde ahora y apenas en la etapa previa a la campaña político electoral que seguramente encabezará en busca de la magistratura presidencial, de manera inusitada ha propuesto significativa iniciativa de ley precisamente para el combate a la corrupción en nuestro país, que una vez presentada al Congreso de la Unión para su análisis y discusión por los partidos PRI-PVEM-PANAL que integran la coalición “Todos por México” de la que es precandidato, podrían representar herramientas jurídicas necesarias para disminuir tan extendido mal en la sociedad mexicana en general -no sólo en los partidos políticos y sus representantes en puestos públicos-.

Precisamente ayer en el Estado de Michoacán, durante su encuentro con la militancia priista de esa entidad, MEADE KURIBREÑA anunció los contenidos de la iniciativa que propone y que resumen sus ideas en torno al fenómeno y las formas concretas para combatirlo:

Precisamente en torno a ello y al anunciar su incorporación a la precampaña de MEADE KURIBREÑA como Vice-coordinadora de difusión nacional, por otro lado en la capital del Estado de México, la senadora mexiquense ANA LILIA HERRERA ANZALDO, dio a conocer a medios de comunicación los contenidos de la llamada LEY MEADE, que en forma resumida contiene puntos tales como:

1. “Vamos a confiscar el dinero, las propiedades y todos los bienes de los corruptos.”

• Se propone reformar la actual figura de extinción de dominio, con base en las mejores prácticas internacionales como la de Colombia y Estados Unidos.
• Ahora, los acusados tendrán la obligación de demostrar el origen lícito de su patrimonio. En caso de que no puedan demostrarlo, los bienes malversados regresarán al patrimonio público y se destinarán a becas educativas y otros programas de prevención del delito.
• La Fiscalía General tendrá una herramienta más ágil y rápida para recuperar los bienes y el dinero obtenidos mediante la comisión de actos de corrupción y otros delitos como lavado de dinero, delincuencia organizada y fraude, entre otros.

2. “Pena máxima de cárcel para los corruptos.”

• Suspensiones e inhabilitaciones por periodos más prolongados para funcionarios públicos corruptos, dependiendo de la gravedad del daño patrimonial.
• Quienes cometan actos de corrupción deberán pagar hasta tres veces el monto de los beneficios obtenidos indebidamente y quedarán inhabilitados para participar en procesos de contratación.

3. “Certificación patrimonial obligatoria a los funcionarios.”

• Todos los funcionarios que ocupen cargos públicos con nivel de Jefe de Unidad o superior deberán acreditar anualmente una certificación de su evolución patrimonial.
• La certificación será emitida por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción a partir de una revisión de los registros de propiedad e información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y las entidades de fiscalización superior de las dependencias en las que el funcionario preste sus servicios.

Con tales propuestas, no solamente el precandidato presidencial priista ventila sus ideas en torno al negativo fenómeno de la corrupción, especialmente de la perpetrada por servidores públicos, sino bien contribuye sin duda a revertir la percepción de ese partido como corrupto, que mucho alimentan sus adversarios, como el precandidato del frente PAN-PRD-MC, el panista RICARDO ANAYA y de la que hacen eco reiterado los restantes opositores.

De manera que más allá de los resultados de los comicios a registrarse en julio de este año, es claro que el PRI se ha impuesto como una prioridad inaplazable revertir la imagen de corrupción que por diversos factores le ha sido labrada, principalmente por las malas actuaciones de algunos de sus representantes, como los ex gobernadores ahora objeto de procesos judiciales penales por ese motivo.

Hacerlo mucho dependerá de los castigos que las autoridades judicialmente finalmente sentencien en torno a los sonados casos recientes de priistas corruptos, pero también de la futura actuación de quienes resulten electos a favor de ese partido. Y no solamente de estas elecciones tras las siguientes senadurías, diputaciones federales, gubernaturas.

Especialmente en el Estado de México, ya lo expresó recientemente el presidente del PRI mexiquense, ERNESTO NEMER ALVAREZ: el Comité Directivo Estatal que preside “realiza un proceso transparente y apegado a la legalidad para postular a las mejores y a los mejores militantes y simpatizantes, con una reputación intachable y buenos resultados para lograr un triunfo contundente con José Antonio Meade en la Presidencia de la República, en las senadurías, las diputaciones federales y locales, así como en los 125 ayuntamientos de la entidad”. Así sea.